Los políticos no parecen haberse dado cuenta de que la gente ya está en “play offs” y no en política.

La gente habla del último juego de Pedro Martínez, del posible MVP de Albert Pujols, de los Yanquis, de Boston, de los Angelinos…

Eso explica por qué esta vez el pataleo provocado por las primarias en el Partido Revolucionario Dominicano no han despertado el entusiasmo de antes. ¿O será por otra cosa?

Pudiera ser que la gente ya se haya cansado del espectáculo de los políticos, que no constituye una novedad. Es más, la gente espera que cuando se celebran estos eventos, que debieran constituir fiestas de la democracia, se produzcan los sinsabores de siempre. Pareciera que aquí todas las fiestas políticas terminan como las de los monos: a rabazos.

Ahora bien, el PRD tiene dos caminos en la situación actual: dejar las cosas como están y que cada cual mastique su rabia y cultive sus odios, o dar una satisfacción a los perdedores.

Miguel Vargas Maldonado sabe que el buen abad de un convento debe perdonar mucho y pasar muchas manos, lo cual no constituye un motivo de debilidad, sino la actitud correcta del padre de familia que debe mantener la armonía en su casa.

Un partido cargado de resentimientos no gana elecciones. Las heridas del camino se pagan en las urnas en la vida política.

Un gesto generoso hará más por la gestión de Miguel Vargas que todas las victorias. El tiempo de hacerlo queda a su discreción.

Mientras tanto, ¡Play Ball!

Un conocido autor de política comparada, Riggs, definía la política de muchos países subdesarrollados como de “bazar-cantina”, donde todo se regateaba y todo se compraba.

Las elecciones en nuestro país responden a ese modelo y ahora hemos descubierto que la Asamblea Revisora también cabe en el mismo.

En nuestro país, por ley y por costumbre, las playas forman parte del dominio público. No pueden formar parte del patrimonio de nadie. Por tanto, discutir si se puede disfrutar de las playas “sin perjuicio de la propiedad privada” es un disparate de marca mayor que viene a legalizar violaciones flagrantes a la ley autorizadas por entidades públicas como Turismo y Medio Ambiente.

Algo similar pasa con el recurso por vía directa de inconstitucionalidad.

Cuando se trata de derechos difusos, todos somos parte interesada y cuando se trata de inversiones cuestionables del Estado, todos somos parte interesada. Basta con pagar impuestos y ser ciudadano.

En buena ley, debió dejarse a la apreciación de los tribunales determinar el interés legítimo, que es lo que va a ocurrir en la práctica, pues lo primero que debe hacer un juez es examinar su propia competencia.

Finalmente, no sé si las escuelas de la Magistratura y del Ministerio Público deban estar en la Constitución, pero sería un buen gesto que demostraría el compromiso del país con la profesionalización de la función judicial.

El Ministerio Público es conocido popularmente como la fiscalía y los fiscales son sus integrantes.

Uno de los mayores logros de la reforma judicial fue la profesionalización del Ministerio Público y la creación de su carrera, pero ahora, por un acuerdo político, esos logros se echan por la borda: el Presidente de la República tendrá facultad para nombrarlos casi a todos, si se aprueba como fue pactada la reforma constitucional.

El mensaje no puede ser más perverso.

Lo que se le está diciendo al Ministerio Público, en esta época de lucha contra el narcotráfico es, ¡cojan todo el dinero que les den, que ustedes no saben cuánto van a durar en el puesto!

¿Cuál va a ser la suerte de tantos hombres y mujeres que se la han jugado persiguiendo el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico si por un decreto pueden ser enviados a su casa, como perros?

¿Cuál es el mensaje que se le está enviando a la sociedad?

Y todo, aparentemente, porque los futuros inquilinos del Palacio Nacional quieren tener las manos limpias para repartir empleos.

Pero, ¿cómo pudo el PLD pactar algo que destruye lo mejor de su obra? ¿Es que todo es negociable en este país?

Los avances institucionales debieran estar fuera de las negociaciones políticas. Estuvo a punto de pasar con el Tribunal Constitucional y no podemos permitir que pase ahora con el Ministerio Público, si es que este país quiere algún día dar un paso hacia adelante.

Michel Serres, el filósofo miembro de la Academia Francesa y profesor de la Universidad de Stanford, concedió una entrevista al diario francés “Le Figaro”, de la cual comparto estas reflexiones suyas.

“Hay una serie de acontecimientos a los que no hemos prestado atención. Cuando el campesinado ha caído del 70% al 2%, ha marcado una ruptura con una situación que duraba desde el neolítico. Cuando llegaron los antibióticos, súbitamente no se moría ya de meningitis o de tuberculosis. Resultado, la esperanza de vida ha dado un salto. Esta conmoción ha tenido por efecto cambiar no solamente nuestra relación con el ambiente, sino también con el cuerpo… Con los antálgicos, los analgésicos y la peridural, ya no tenemos la misma relación con el dolor. Todo esto ha contribuido a crear un hombre nuevo. Es lo que he llamado en uno de mis libros el “hominiscente”…

…Ninguna institución ha cambiado a pesar de la ruptura: tenemos los mismos hospitales, las mismas escuelas, las mismas estructuras políticas… Esta es la verdadera crisis. La crisis económica, a su lado, es un epifenómeno, un pequeño síntoma, un pequeño paseo sobre la superficie de la historia. Esta crisis económica y financiera es importante, pero no es más que un punto particular comparada con la enorme crisis por la que atravesamos…

Lo importante es tener el coraje de pensar de otra manera, de dejar atrás los hábitos. En períodos de crisis, solo hay una cosa que nos perderá y es pensar como todo el mundo”.

Con la aprobación de la igualdad de derechos del matrimonio religioso sin importar la denominación que lo celebre y la preservación de la libertad de prensa con el rechazo de la cláusula de la “información veraz”, la Asamblea Revisora se enfrenta ahora a sus dos retos más importantes.

La aprobación sin condiciones del tribunal constitucional y la modificación de la autonomía municipal en cuanto a la creación de impuestos que colidan con los impuestos nacionales.

En el primer caso, el de la justicia constitucional, la única posibilidad razonable abierta es que se limite la competencia del TC a los fallos que en materia de control de la Constitucionalidad haya emitido hasta la fecha la Suprema Corte de Justicia. Ello así, por los derechos adquiridos que han generado esas decisiones y para evitar una sobrecarga de revisiones sobre asuntos políticos ya fallados. Pero no más de ahí, porque de lo contrario, seria admitir que el interés de la Suprema Corte estaría por encima de las libertades que la Constitución protege.

En el Segundo caso, es evidentemente necesario proteger la libertad de comercio y el interés del consumidor por sobre la voracidad fiscal, no siempre justificada, de nuestras corporaciones edilicias.

No obstante, la nueva Constitución que surgirá en los próximos días de los debates de la Asamblea, prevé mecanismos más amplios de participación de la comunidad en la dirección de los presupuestos municipal y otras disposiciones que deben ser ensayadas primero antes que otorgar nuevas concesiones a los cabildos.

Finalmente, queda la cuestión del Ministerio Público, que no puede seguir siendo parte del botín del ganador de las contiendas electorales, si queremos verdadera independencia judicial.

Los líderes partidarios tienen que decidir ser demócratas o no y obras son amores y no buenas razones.

Este es el país del “borrón y cuenta nueva”, y es lo que explica perfectamente lo que está pasando con la reforma constitucional.

El acuerdo político de los líderes del PLD y el PRD no sólo trata de destruir lo ganado en institucionalidad, como en el caso de la carrera del Ministerio Público, sino que pone dos tiempos a la justicia: una cosa serán los juzgados antes del Tribunal Constitucional y otra los juzgados después.

Es decir, se han creado dos tipos de ciudadanos: unos que vivirán tranquilos porque sus arreglos judiciales no pueden ser atacados y otros que tendrán que aceptar las irregularidades que se cometieron con ellos. Una doble moral inaceptable y una violación a principios jurídicos bien establecidos.

Ahora, también somos un Estado que acepta la explicación de una confesión religiosa sin hacer caso a la voz de la ciencia.

Mañana, los jueces del Tribunal Constitucional deberán fallar prohibiendo la píldora del día después y algunos otros métodos anticonceptivos por ser contrarios a la Constitución. Eso es diabólico.

El pacto político ha recargado el dado a favor del Poder Ejecutivo de una manera tal, que hemos vuelto a lo peor de la Constitución de 1966, y todo ello gracias al acuerdo político de los líderes, a la cobardía de los asambleístas y a su escaso compromiso con el futuro de esta nación. Quieren seguir por el viejo sendero del clientelismo.

Felicitamos a los valientes que votaron en contra del anterior artículo 30. Algún día se reconocerá su valor.

Esta reforma a la Constitución se ha ido amoldando a los intereses creados de una manera tal, que durará poco sin que sea modificada de nuevo.

La última muestra es lo ocurrido con las cláusulas transitorias donde se ha insertado la cláusula de la impunidad, es decir, una disposición que congela el pasado para que no pueda ser removido por el tribunal constitucional. La cláusula dice así: “Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional.”

Esta cláusula es una deshonra para la Suprema Corte de Justicia porque prejuzga que lo que ella ha fallado sobre este tema tiene algo que ocultar y por tanto no se puede revisar, pero también crea dos tipos de justicia en el país: la anterior a la creación del Tribunal Constitucional y la posterior a éste.

Esta cláusula es la cláusula del miedo. ¿Por qué temer una revisión si todo se ha hecho de acuerdo con la ley? Y lo que es peor, ¿por qué proteger a un delincuente que se esconde tras una sentencia mala que no puede ser revisada?

Pensábamos ingenuamente que estos tiempos habían pasado, pero como dijo alguien en 1929, “son los mismos viejos caudillos, con los mismos viejos sistemas, por los mismos viejos caminos”.

Esta Constitución nació muerta.