El Ministerio Público es conocido popularmente como la fiscalía y los fiscales son sus integrantes.

Uno de los mayores logros de la reforma judicial fue la profesionalización del Ministerio Público y la creación de su carrera, pero ahora, por un acuerdo político, esos logros se echan por la borda: el Presidente de la República tendrá facultad para nombrarlos casi a todos, si se aprueba como fue pactada la reforma constitucional.

El mensaje no puede ser más perverso.

Lo que se le está diciendo al Ministerio Público, en esta época de lucha contra el narcotráfico es, ¡cojan todo el dinero que les den, que ustedes no saben cuánto van a durar en el puesto!

¿Cuál va a ser la suerte de tantos hombres y mujeres que se la han jugado persiguiendo el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico si por un decreto pueden ser enviados a su casa, como perros?

¿Cuál es el mensaje que se le está enviando a la sociedad?

Y todo, aparentemente, porque los futuros inquilinos del Palacio Nacional quieren tener las manos limpias para repartir empleos.

Pero, ¿cómo pudo el PLD pactar algo que destruye lo mejor de su obra? ¿Es que todo es negociable en este país?

Los avances institucionales debieran estar fuera de las negociaciones políticas. Estuvo a punto de pasar con el Tribunal Constitucional y no podemos permitir que pase ahora con el Ministerio Público, si es que este país quiere algún día dar un paso hacia adelante.

Michel Serres, el filósofo miembro de la Academia Francesa y profesor de la Universidad de Stanford, concedió una entrevista al diario francés “Le Figaro”, de la cual comparto estas reflexiones suyas.

“Hay una serie de acontecimientos a los que no hemos prestado atención. Cuando el campesinado ha caído del 70% al 2%, ha marcado una ruptura con una situación que duraba desde el neolítico. Cuando llegaron los antibióticos, súbitamente no se moría ya de meningitis o de tuberculosis. Resultado, la esperanza de vida ha dado un salto. Esta conmoción ha tenido por efecto cambiar no solamente nuestra relación con el ambiente, sino también con el cuerpo… Con los antálgicos, los analgésicos y la peridural, ya no tenemos la misma relación con el dolor. Todo esto ha contribuido a crear un hombre nuevo. Es lo que he llamado en uno de mis libros el “hominiscente”…

…Ninguna institución ha cambiado a pesar de la ruptura: tenemos los mismos hospitales, las mismas escuelas, las mismas estructuras políticas… Esta es la verdadera crisis. La crisis económica, a su lado, es un epifenómeno, un pequeño síntoma, un pequeño paseo sobre la superficie de la historia. Esta crisis económica y financiera es importante, pero no es más que un punto particular comparada con la enorme crisis por la que atravesamos…

Lo importante es tener el coraje de pensar de otra manera, de dejar atrás los hábitos. En períodos de crisis, solo hay una cosa que nos perderá y es pensar como todo el mundo”.

Con la aprobación de la igualdad de derechos del matrimonio religioso sin importar la denominación que lo celebre y la preservación de la libertad de prensa con el rechazo de la cláusula de la “información veraz”, la Asamblea Revisora se enfrenta ahora a sus dos retos más importantes.

La aprobación sin condiciones del tribunal constitucional y la modificación de la autonomía municipal en cuanto a la creación de impuestos que colidan con los impuestos nacionales.

En el primer caso, el de la justicia constitucional, la única posibilidad razonable abierta es que se limite la competencia del TC a los fallos que en materia de control de la Constitucionalidad haya emitido hasta la fecha la Suprema Corte de Justicia. Ello así, por los derechos adquiridos que han generado esas decisiones y para evitar una sobrecarga de revisiones sobre asuntos políticos ya fallados. Pero no más de ahí, porque de lo contrario, seria admitir que el interés de la Suprema Corte estaría por encima de las libertades que la Constitución protege.

En el Segundo caso, es evidentemente necesario proteger la libertad de comercio y el interés del consumidor por sobre la voracidad fiscal, no siempre justificada, de nuestras corporaciones edilicias.

No obstante, la nueva Constitución que surgirá en los próximos días de los debates de la Asamblea, prevé mecanismos más amplios de participación de la comunidad en la dirección de los presupuestos municipal y otras disposiciones que deben ser ensayadas primero antes que otorgar nuevas concesiones a los cabildos.

Finalmente, queda la cuestión del Ministerio Público, que no puede seguir siendo parte del botín del ganador de las contiendas electorales, si queremos verdadera independencia judicial.

Los líderes partidarios tienen que decidir ser demócratas o no y obras son amores y no buenas razones.

Este es el país del “borrón y cuenta nueva”, y es lo que explica perfectamente lo que está pasando con la reforma constitucional.

El acuerdo político de los líderes del PLD y el PRD no sólo trata de destruir lo ganado en institucionalidad, como en el caso de la carrera del Ministerio Público, sino que pone dos tiempos a la justicia: una cosa serán los juzgados antes del Tribunal Constitucional y otra los juzgados después.

Es decir, se han creado dos tipos de ciudadanos: unos que vivirán tranquilos porque sus arreglos judiciales no pueden ser atacados y otros que tendrán que aceptar las irregularidades que se cometieron con ellos. Una doble moral inaceptable y una violación a principios jurídicos bien establecidos.

Ahora, también somos un Estado que acepta la explicación de una confesión religiosa sin hacer caso a la voz de la ciencia.

Mañana, los jueces del Tribunal Constitucional deberán fallar prohibiendo la píldora del día después y algunos otros métodos anticonceptivos por ser contrarios a la Constitución. Eso es diabólico.

El pacto político ha recargado el dado a favor del Poder Ejecutivo de una manera tal, que hemos vuelto a lo peor de la Constitución de 1966, y todo ello gracias al acuerdo político de los líderes, a la cobardía de los asambleístas y a su escaso compromiso con el futuro de esta nación. Quieren seguir por el viejo sendero del clientelismo.

Felicitamos a los valientes que votaron en contra del anterior artículo 30. Algún día se reconocerá su valor.

Esta reforma a la Constitución se ha ido amoldando a los intereses creados de una manera tal, que durará poco sin que sea modificada de nuevo.

La última muestra es lo ocurrido con las cláusulas transitorias donde se ha insertado la cláusula de la impunidad, es decir, una disposición que congela el pasado para que no pueda ser removido por el tribunal constitucional. La cláusula dice así: “Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional.”

Esta cláusula es una deshonra para la Suprema Corte de Justicia porque prejuzga que lo que ella ha fallado sobre este tema tiene algo que ocultar y por tanto no se puede revisar, pero también crea dos tipos de justicia en el país: la anterior a la creación del Tribunal Constitucional y la posterior a éste.

Esta cláusula es la cláusula del miedo. ¿Por qué temer una revisión si todo se ha hecho de acuerdo con la ley? Y lo que es peor, ¿por qué proteger a un delincuente que se esconde tras una sentencia mala que no puede ser revisada?

Pensábamos ingenuamente que estos tiempos habían pasado, pero como dijo alguien en 1929, “son los mismos viejos caudillos, con los mismos viejos sistemas, por los mismos viejos caminos”.

Esta Constitución nació muerta.

Los dominicanos vivimos nostálgicos de la paz y el orden que existían en la Era de Trujillo, de que no se iba la luz y de que “El Jefe” lo resolvía todo, hasta la delincuencia, de la cual también era el jefe.

Al mismo tiempo, al dominicano no hay quien le quite su libertad que le permite vivir como chivo sin ley, haciendo lo que le da la gana, sin respetar a nada ni a nadie y que le permite robarse la energía eléctrica, el cable y todo lo que esté mal puesto, amén de tener la conciencia pura y limpia, porque al final “uté sabe comué”.

Es decir, que esta democracia fuera insustituible, pero al mismo tiempo insostenible, si pudiera darle todo lo que daba “El Jefe”, junto al desorden de ahora.

Pero, ¿porqué ha sobrevivido tanto la nostalgia de Trujillo si hace casi 60 años que lo ajusticiaron y solo el ocho por ciento de la población tiene 60 años o más?

Gran parte de la culpa la tienen nuestros políticos que no lo mencionan pero utilizan sus métodos y entre los políticos, Balaguer, que dejó intactas las estructuras de la tiranía, incluyendo una policía que no quiere reformarse y una guardia corrupta.

Los legisladores siguen actuando como en los tiempos de “El Jefe”: son un sello gomígrafo del Ejecutivo, a tal punto que le encantan los homenajes rimbombantes. Aquél era el “Padre de la Patria Nueva”. Ahora hay “Padres de la democracia”, sin que se vea la diferencia.

Cuando logremos cambiar esas mentalidades, la dictatorial y la del desorden, habrá Patria.

Observando la tendencia del gobierno dominicano desde los tiempos de Balaguer, exponenciada por Guzmán y llevada a la estratosfera por Leonel Fernández, la pregunta obligada es ¿debe el Gobierno dominicano ser el mayor empleador del país, sin importar las calificaciones de la gente?

¿Implica esto un fracaso del sector privado como ente creador de empleo en el país? En buena regla, los gobiernos no deben ser creadores de empleos. Deben crear reglas, pero en países de alto desempleo, ¿puede el gobierno voltear la cara a las necesidades de sus partidarios sin empleo? Entonces, ¿cuál debe ser el tope? ¿Quién lo fija?

Del mismo modo, ¿puede el sector privado hacer más? Los estudiosos de la realidad latinoamericana están contestes en que las élites latinoamericanas tienen gran capacidad para el acopio de fondo y muy baja capacidad para la distribución. Es una herencia de la colonia española, que se manifiesta de muchas maneras en la vida actual.

Al mismo tiempo, la naturaleza de la empresa en una sociedad capitalista es la de ganar más. Lo social desaparece, y se deja en manos de la iniciativa individual, porque cada cual es el mejor juez de su propio interés. Evidentemente, en países de tantas carencias, tanto el papel del Estado como el del sector privado tienen que ser más activos en la promoción del desarrollo, uno creando las condiciones, “nivelando el terreno”, y el otro ofreciendo oportunidades de progreso a sus trabajadores.

Todavía no hemos logrado esa mancuerna.