La nota que aparece en la edición de hoy sobre las altas tasas que pagan los pasajes aéreos, toca un punto de alta trascendencia nacional por la condición de isla de nuestro país.

Vivimos en una isla, dividida, pero isla al fin. Esto quiere decir que la única forma de salir de ella es por medios aéreos y marítimos. No hay más opciones.

No es el caso de Europa, por ejemplo, donde cualquier persona tiene las opciones de ir en tren, en automóvil, en autobús, por aire y en muchos casos por mar, al destino deseado. Ese no es nuestro caso.

Por tanto, imponer tributos que equivalen casi al precio mismo del pasaje es un contrasentido sin explicación posible, como no sea la explotación indiscriminada de las mismas fuentes de ingresos.

¿Cómo es posible que un pasaje a París cueste $21 mil pesos y en impuestos haya que pagar 17 mil? Eso grita ante los ojos de Dios.

A eso agregue que la contribución por parquearse en el aeropuerto Las Américas equivale a un peso por minuto y hay que pagar la cola también. Es decir, si usted se parquea por veinte minutos y dura diez más en la cola para pagar, a usted le cobran 30 pesos.

Lo grave de todo esto es que no tenemos alternativa ni dolientes. Esa tasa, que es excesiva bajo cualquier concepto que se le mida, algún día va a desalentar tanto a criollos como a turistas de venir al país. Cuando eso ocurra, veremos como el país va a sufrir, y entonces se le echará la culpa al gobierno anterior.

Esas tasas deben ser revisadas, por el bien del país.

Uno de los propósitos manifiestos de la administración del presidente Leonel Fernández es crear un cuerpo de legislación que prepare a la República Dominicana para constituir un Estado moderno, pero su incapacidad para lidiar con los paros, protestas e irrespeto a la ley por parte de los ciudadanos organizados o no y los propios funcionarios, está creando las condiciones para un Estado sin ley.

Un estado casi de naturaleza, donde impera la ley del más fuerte, o la ley de la selva, donde sólo sobreviven los más vivos o los mejor dotados por la naturaleza.

El “laissez faire” del Gobierno es tan grave, que a nadie en este país se le ocurre acudir a los mecanismos de defensa que otorga la ley en caso de agresión, y ni el Gobierno mismo los usa.

Por ejemplo: La ley es muy clara respecto a los requisitos que se deben cumplir para realizar un paro de labores o una huelga, pero a todo el que se le ocurre, puede hacerlo, para una actividad pública o privada, y el Gobierno no dice ni “ji”.

Los paros y huelgas, por más destrucción que dejen, por más consecuencias que tengan sobre el servicio y la propiedad, nunca ven a los responsables sometidos a la acción de la justicia o penalizados administrativamente.

Entonces, ¿para qué sirve tener las mejores leyes del mundo, si no se aplican?

La actitud del Gobierno implica el cese de las funciones del Estado. Es un estadio superior a la anomia, porque es un estado con leyes sin espada.

Finalmente, ¿para qué proponer una Constitución, si se va a hacer lo que a cualquiera le de la gana?

Como los asambleístas no han respetado santo para reformar la Constitución, debieran tomar esta sugerencia para cambiar el nombre actual de la República Dominicana por el de República Peboba.

No se trata de una república pendeja y boba, como algunos podrían estar pensando, sino de la república Peña, Bosch y Balaguer, pues de acuerdo a sus antiguos discípulos, todos los monumentos construidos o por construir, las calles, avenidas y carreteras, los aeropuertos, hospitales (aunque ninguno de ellos fue médico), escuelas y cuanto block se pegue en el país, debe llevar el nombre de uno de esos ilustres dominicanos.

A quién le importa Máximo Gómez. Pónganle Balaguer. A quién le importa Duarte, que se llame Balaguer. Que hay eminencias médicas en el Cibao para el hospital de la autopista Duarte, que se llame Bosch. Qué es eso de un aeropuerto que se llame Las Américas, póngale Peña Gómez y con el nombre completo, que Peña es muy corto. Y sigue la lista sin que se le vea el final.

Es una demostración más de que no hemos salido de la mentalidad del Jefe, donde todo tenía su nombre y el de sus familiares más cercanos. Todo esto, sin embargo, tiene algo positivo, como es el agradecimiento de los discípulos, que como no pueden explicarse cómo se hicieron tan ricos tan pronto y han logrado liberarse siquiera de una acusación, tienen que honrar la memoria de su benefactor.

No duden que pronto haya que cambiarle de nuevo el nombre a la República.

¿Cuándo dejaremos los dominicanos que ver al Estado como la gran canasta de oportunidades para hacernos ricos impunemente?

Es una pregunta fundamental de cultura política que define un sistema político con relación a otro. Por eso, Huntington afirmaba que la diferencia fundamental entre países no era si eran monárquicos o republicanos, sino si se respetaba la ley, las instituciones funcionaban y el pueblo participaba en las decisiones públicas.

Ayer, Leonel Fernández y un grupo de sus colaboradores presentó a directores de medios de comunicación y comentaristas, su visión sobre el tema, que se resume en esta frase: para cambiar la cultura corrupta, tienes que disponer del marco normativo que permita fortalecer los controles internos de la gestión administrativa.

Es evidente que este es un requisito fundamental, pues sin la norma no habrá delito y ese personaje de mil caras que es la corrupción, podrá escabullirse fácilmente de las manos de la justicia.

Lamentablemente, eso no basta. Hacen falta también los hombres y mujeres capaces de enfrentarla, hombres y mujeres que no claudiquen, y los hay, ante la tentación del dinero fácil.

Es evidente que malas designaciones en el tren gubernamental aumentan la tendencia a la corrupción, pues nadie pone un perro a cuidar un filete.

En fin, puede ser que el Gobierno ande por el camino correcto, pero mientras tanto se requiere mayor vigilancia y más contundencia en la respuesta.

El Gobierno comete un error saliendo a defender lo indefendible, y en querer convertir un asunto de conducta ética en algo trivial.

Su deber, por el contrario, es tomar medidas administrativas para que ello no pase. Por ejemplo, ¿qué cuesta ordenar por decreto o por instrucción administrativa que se prohíba el trabajo de familiares hasta el tercer grado, o el que se determine, del encargado de un departamento?

Eso es política en los bancos y otras entidades. Eso es sana política administrativa.

Del mismo modo, debe salir a celebrar lo bueno y no a seguir recordando lo malo.

El Banco Central, por ejemplo, es un ejemplo luminoso de responsabilidad y capacidad en el manejo de la crisis.

¿Cuánto dinero le ha ahorrado a los dominicanos la prudente política llevada a cabo por el Banco Central?

Por qué no se adopta la política general de comunicación del Bancentral, de hablar solamente y siempre que se tenga algo bueno que decir.

Los funcionarios de este Gobierno sólo saben pelear como comadres de barrio, es decir, para que se entere todo el mundo.

No saben conservar la compostura y conducirse en el pleito con la serenidad profesional del que detenta un cargo de responsabilidad nacional.

En eso también, vuelve a ser ejemplo el Banco Central.

Si el Gobierno quiere llegar bien tiene que cambiar de conducta. Tiene buenas noticias que dar. Que las dé, y no se deje entrampar en las patas de los caballos.

Conversaba recientemente con un amigo sobre las características del dominicano y éste se quejaba amargamente de cómo nos han dañado las costumbres traídas por los estadounidenses. Decía que nos habíamos vuelto haraganes y cómodos y ponía como ejemplo que el dominicano de hoy hasta para ir a una cuadra de distancia va en un carro, nunca a pie. Yo sonreía, porque recordaba las crónicas que sobre el dominicano de centurias pasadas habían escrito muchos viajeros extranjeros que se maravillaban de la haraganería y comodidad del criollo.

Por ejemplo, el sacerdote Pedro Francisco Javier Charlevoix, que escribió una “Historia de la isla Española de Santo Domingo”, editada por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, describía al dominicano de esta manera en el siglo XVIII: “Son los hombres del mundo que saben pasarse con menos… No se ocupan de nada durante el día; ni siquiera usan sus esclavos en ningún trabajo penoso. Pasan todo el tiempo en jugar o en hacerse mecer en sus mecedoras o hamacas. Cuando están cansados de dormir, cantan y no salen de sus camas sino cuando les aprieta el hambre. Para ir a buscar agua a río o a las fuentes, aunque sea a corta distancia, van a caballo”.

Cambie los términos, el caballo por el carro, el cantar por el colmadón o el bar y los juegos, y se podrá comprobar que el dominicano de ayer no difiere mucho del de hoy.

Por eso hay tantas botellas y tantos vagos en las calles. Trabajar debería ser mandatorio en el país.

El presidente Fernández se va a jugar lo que queda de su gobierno en las elecciones de medio término de mayo del 2010. Él lo sabe y lo sabe la oposición.

Dos elementos conspiran contra su propósito de obtener un resultado que le permita navegar tranquilo los años finales de su gobierno y le garantice cierta paz hasta el 2016, cuando podría volver a postularse: La crisis económica y el desprestigio de su gobierno.

Para la crisis económica, está buscando una inyección de mil millones de dólares que le permitan crear la prosperidad que necesita el país para que la gente cambie la cara.

Para el prestigio de su gobierno, tendrá que tomar la más difícil de sus decisiones políticas: marcharle al Comité Político y remozar su gobierno.

No tiene que cambiar a todo el mundo. Algunos ministros merecen quedarse, como el de Educación, el de Trabajo, el de Industria y Comercio, Turismo y otros más. Los demás tienen que irse si es que el PLD quiere sobrevivir como partido de gobierno.

Tendrá que tener mucho cuidado en los candidatos que quiere llevar a posiciones electivas. El dinero no compra todas las candidaturas y hay muchas promesas incumplidas.

Finalmente, el Presidente tiene que comprender que ya su palabra no basta. Es necesario poner más ardor en la obra. Está muy distante (literalmente) y se necesita verlo en el frente de batalla para levantar la moral de las tropas.

El Gobierno necesita un “extreme makeover”.

La obediencia militar ha vuelto a la palestra y no es de extrañar que ello ocurra en momentos en que se condenan los altos niveles de corrupción a que se ha llegado en la administración pública.

Ello así, porque la disciplina militar tiende a debilitarse ante la corrupción generalizada en la sociedad.

Escribí en diciembre de 1991, que “en todos los casos, las condiciones objetivas para que se dé una situación de inestabilidad que amenace el orden constitucional, siempre tienen relación con los niveles de corrupción, de violencia y de compromiso con hechos delictivos de los principales oficiales militares y civiles del régimen.

Por eso es que se impone, en estos momentos, la toma de decisiones que limiten las posibilidades de que los niveles de corrupción y de violencia se eleven a puntos de no retorno y que liguen la suerte de nuestra democracia a la de los corruptos o violentos”.

Huntington ha definido el ethos militar como de un “realismo conservador”, pero cuando esa cosmovisión choca con lo que está ocurriendo en la calle ante la mirada indiferente de los líderes políticos, las fuerzas armadas tienen la tendencia a deliberar. Primero, entre grupos de relacionados y luego a niveles más amplios.

Es por ello, que la sociedad política tiene que dar el ejemplo para que los guardias estén obligados a guardar la conducta que se espera de ellos. El liderazgo nacional tiene que comprometerse con los valores de la democracia, para que los guardias ejerzan su papel constitucional.

La información salió medio escondida en los diarios españoles, aunque era muy interesante: “Los hijos de los inmigrantes bolivianos ya no pueden obtener la nacionalidad española de origen, que se reconoce por el mero hecho de nacer en el país, según una circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado…

El razonamiento es… que se ha producido un cambio legislativo en Bolivia, por el que el país reconoce como nacionales a los hijos de sus ciudadanos, independientemente del lugar donde hayan nacido…”

La información tiene notable importancia para nuestro país, porque los nacionales haitianos, por combinación de los artículos 11 y 15 de la Constitución haitiana, son haitianos, a menos que renuncien a su nacionalidad.

La Constitución haitiana dice: “ARTÍCULO 11.- Posee la nacionalidad haitiana de origen, todo individuo nacido de padre haitiano o de madre haitiana, que hayan nacido haitianos y no hayan renunciado nunca a su nacionalidad al momento del nacimiento.”

Y el artículo 15 concurre que “la doble nacionalidad haitiana y extranjera no es admitida en ningún caso”.

Dado que se trata de dos casos similares, ¿por qué las autoridades dominicanas no pueden legislar en igual sentido que las españolas?

Los haitianos no van a dejar de venir al país a trabajar mientras persistan los problemas en su país. El problema de la nacionalidad es una pretensión de grupos políticos haitianos en el país para hacer avanzar sus agendas particulares.

Lo que faltan son pantalones.

Esta reforma constitucional pasará a la historia como la más libre de todas las que hemos tenido. En ella, nadie baja líneas, no se imponen los criterios partidarios y todo el mundo actúa como agente libre.

Solamente cuando termine el proceso podremos saber a ciencia cierta, si el experimento resultó satisfactorio. Si se pregunta hoy a la gente de la calle, probablemente tengan una mala opinión de cómo va el proceso.

Las constituciones son paralelogramos formados por diversas fuerzas, no son sumas de individualidades. Quizás estamos haciendo historia, o tal vez un tollo mayúsculo.

Reconozco que en la Asamblea hay mentes muy lúcidas y muchos hombres y mujeres llenos de la mejor buena voluntad, pero falta un faro, un guía, una luz en el horizonte que guíe la nave constitucional a puerto seguro.

En este punto, recuperar la credibilidad perdida va a ser muy difícil, a menos que se corrijan en el camino graves distorsiones. Como está ahora mismo, no será una Constitución para los tiempos, sino para otra reforma.

Se están tomando decisiones por capricho y hasta por cansancio. Ha habido exceso de agendas personales y faltado el respeto a la voz ilustrada. Es un mal experimento para mi gusto.

Estoy esperanzado en que se enderezará el rumbo y que algunos entuertos serán corregidos, en el entendido de que lo que se está haciendo en la sala de la Asamblea Nacional no es un experimento político sino la más alta de las normas de la República.