Los que remolonean para hacer un aumento de salario a los trabajadores del país ignoran lo que es vivir con cinco mil pesos al mes.

Un informe de la Tesorería de la Seguridad Social nos ofrece el dato: a marzo de 2009, del universo de trabajadores afiliados, el 62 por ciento ganaba menos de diez mil pesos al mes y casi el 75 por ciento recibía menos de RD$15,000.

Diez mil pesos al mes equivalen a RD$333 al día, de los cuales debe pagar transporte de él y sus hijos, pagar los servicios, comprar comida, medicinas y divertirse.

Un trabajador así, no sólo vive mal, sino que tampoco tiene capacidad para ahorrar nada y es presa de cualquier accidente en la vida. Si un niño se le enferma, tiene que coger prestado para hacerle frente a la enfermedad, dinero que pagará, quizás, con la regalía pascual.

Está claro que las empresas tienen que mantener ciertos niveles de rentabilidad y tratar de ser competitivas, pero eso nunca lo lograrán con un personal desmotivado, enfermo e incapacitado.

No es verdad que un aumento de salario de un 15 o un 20 por ciento va a resolver los problemas. Probablemente ni siquiera de un cien por ciento, pero cualquier cosa es bien recibida cuando no se tiene ni para las necesidades más elementales.

Muchas empresas no juegan con sus empleados y preparan planes para su mejoría y apuesto a que esas tienen los mejores estándares de rentabilidad. Las demás tienen que comprender que no es exprimiendo al trabajador como se logra el desarrollo.

El cable llegó hace unas horas: “SANTIAGO DE CHILE. La distribución de la ‘píldora del día después’ volvió a enfrentar al gobierno con los poderosos grupos conservadores en Chile que ganaron una nueva batalla judicial, al decretarse la prohibición de la entrega universal del fármaco.

El fallo representa también un nuevo triunfo de un grupo ‘Pro vida’ patrocinado por legisladores y empresarios de la derecha opositora, que se opone a la distribución del fármaco, al considerarlo abortivo.

El gobierno intentará revertir esta medida a través de un proyecto de ley que ingresará la próxima semana al Congreso, mientras diputados y organizaciones feministas anunciaron que distribuirán en sus sedes el medicamento.

Pero la iniciativa tiene pocas posibilidades de fructificar, ya que un fallo anterior del Tribunal Constitucional estimó ilegal el reparto del fármaco en los servicios públicos, al existir ‘duda razonable’ sobre sus cualidades abortivas, contraponiéndose al derecho a la vida consagrado en la Constitución.

“El problema no es subsanable por medio de una ley, porque todas las leyes deben estar sometidas a la Constitución, que en Chile protege la vida del que está por nacer”, explicó la abogada del grupo ‘Pro vida’, Andrea Iñíguez.

“El gobierno debería realizar una reforma constitucional”, para consagrar el aborto, prohibido en todas sus formas en Chile, agregó”.

¿Eso es lo que queremos en el país con la redacción actual del artículo 30?

Piénsenlo bien.

El diseño de una Constitución es una cuestión de ingeniería. Es igual que construir un edificio.

El diseño constitucional envuelve dónde poner los pesos y dónde los contrapesos; cuan fuerte tiene que ser la zapata y cuán airosos tienen que ser los vuelos. Qué fuerza se les da a las vigas que amarran el entramado y de qué grosor tienen que ser las tuberías que canalizan los fluidos políticos dentro del edificio. Si lo vamos a hacer bello, en qué medida será funcional. Si lo que precisamos es la funcionalidad, dónde vamos a poner un toque de distinción.

No es una cosa que se construya a la brigandina o por acuerdos de aposentos, porque las leyes de la política son iguales a las leyes de la física y de la aerodinámica: Si se violan, se cae el edificio, o los vientos le crean ruidos que dañan el ambiente.

Digo esto porque se está irrespetando el diseño constitucional con parches individuales que pueden afectar la estructura del edificio.

El país necesita un ejecutivo fuerte, lo dicen las encuestas y por eso necesita organismos de control que sean iguales de fuertes.

Para que ambos sean fuertes necesita un tribunal constitucional que dirima los conflictos que se van a presentar entre poderes fuertes.

En una democracia que tiene exceso de hormonas, se necesita una autoridad en el sistema. La experiencia demuestra que los países con ejecutivos débiles acaban en el caos.

Todo el edificio tiene que tener vigas fuertes, o se cae.

El doctor Porfirio Hernández Quezada, conocido iuslaboralista dominicano, me ha enviado una nota, respecto al comportamiento de las autoridades españolas con relación a un niño dominicano que llegó a España con sus papeles vencidos.

“La información daba cuenta de un niño de tres años, hijo de madre dominicana residente en España, que había venido al país, pero su estadía aquí excedió los límites que trazaban las leyes españolas para el caso.

El menor llegó al Aeropuerto de Barajas en Madrid acompañado de una amiga de la madre. Las autoridades españolas alegaron que el infante debía ser deportado a su país de origen, porque sus documentos habían prescrito. Se puede imaginar el estado de desesperación que se apoderó de la madre, quien sin dilación acudió al Defensor del Pueblo, asignándole éste un abogado de oficio. A su vez, recurrió a la llamada Sala de Inadmitidos, que trasladó la situación a la fiscalía, solicitando este estamento la suspensión de la orden de deportación por la vía de medidas “cautelarísimas”, lo que evitó la deportación del menor.

De este relato se saca una conclusión aleccionadora: la eficacia y rapidez con que actuaron las autoridades españolas son dignas de encomio. Las mismas, dada su presteza, evitaron el trauma que hubiera sido para un menor tener que regresar en el mismo avión a un país, aunque originalmente suyo, pero ausente de sus seres queridos.

¡Eso es derecho!”

Y yo agrego, eso es respeto e instituciones que funcionan.

Los congresistas dicen estar divididos sobre el tema de crear una Sala Constitucional o un Tribunal Constitucional, como fue propuesto por el presidente Fernández y la Comisión de Juristas. Si están divididos es por el miedo que les infunde un tribunal que defienda a la Constitución.

El Poder Judicial en los países de derecho civil, ha mostrado ser incapaz de proteger los postulados de la Constitución. Ya sea por formación de los jueces, ya sea por la preeminencia de los demás poderes, el Poder Judicial parece contentarse, en estos países, de los que la República Dominicana forma parte, con aplicar las leyes adjetivas en forma de códigos y defender los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Nada con los grandes temas de la realidad constitucional de nuestros países.

Pero los legisladores también son timoratos con todo lo que se refiera a crear instituciones que defiendan realmente las instituciones que luchan por la vigencia verdadera de la Constitución. Pareciera que tienen mucho que perder.

Así, aquí nunca hemos tenido un tribunal que juzgue la corrupción administrativa, aunque se han hecho propuestas, y la lista de fracasos institucionales se alarga hasta el infinito.

Si la Asamblea Revisora no logra crear una Sala Constitucional fuerte, o un Tribunal Constitucional, esta reforma constituirá un fracaso rotundo y será otra oportunidad perdida.

De qué vale hablar de limitar al Ejecutivo, si la pieza principal, que es un Tribunal Constitucional, no se aprueba. Obras son amores y no buenas razones.

Rodrigo Borja inicia el capítulo de su “Enciclopedia de la Política” dedicado a las relaciones entre las iglesias y el Estado, con la siguiente afirmación: “Las iglesias de todos los cultos son sociedades especiales creadas para la consecución de una determinada categoría de fines: los fines religiosos. Están fuera de su alcance todos los demás propósitos humanos, cuya competencia pertenece al Estado como instrumento de ordenación jurídica y política de la sociedad o a las corporaciones especiales que dentro de él operan al amparo de sus leyes.”

“De esto se colige, sigue diciendo el ex presidente de Ecuador, que no puede haber más que un género de relaciones entre las iglesias de los diferentes cultos religiosos y el Estado: el de la absoluta sujeción jurídica a la supremacía estatal”.

Esto no quiere decir que las iglesias no puedan participar en la vida pública del país y ofrecer su magisterio para la consecución de los fines del Estado, sino que ellas no pueden imponer al Estado su peculiar forma de ver la vida en forma de reglas obligatorias para todos los ciudadanos.

Eso es lo que está en juego en el debate sobre el aborto. No se trata de un slogan. Se trata de que una institución particular trate de imponer su visión de las cosas a la comunidad general.

El nuestro no es un estado confesional, sino un Estado constitucional y democrático de derecho, cuyas normas obligan a todos por igual, mientras los conceptos religiosos solo obligan moralmente a los fieles. Las presiones y las amenazas no pueden alterar esa realidad.

En nuestro país, medios digitales están publicando fotografías y documentos “hackeados” de teléfonos y ordenadores.

Las fotos, enviadas a un familiar y sin propósito de publicidad alguna, han sido publicadas ante la mirada de las autoridades, que no necesitan de una denuncia para perseguir los crímenes y los delitos.

Existe abundante jurisprudencia en el exterior sobre el carácter sagrado de la correspondencia privada, que en nuestro país tiene sanción constitucional y legal.

Cuando la correspondencia se hace por medios electrónicos, se necesita el permiso de un juez para poder intervenir un teléfono o una cuenta de computador y este permiso sólo se otorga por motivos muy plausibles.

Si el medio publica la fotografía o el documento ,a sabiendas de que ha sido obtenido de manera ilícita, por medio de una violación del secreto de la correspondencia, está también cometiendo un delito.

Con el aumento del número de teléfonos alámbricos e inalámbricos en el país, ha florecido el negocio de las intervenciones telefónicas. Muchos medios dominicanos se han quejado de esta práctica delictual, pero las autoridades esperan una denuncia para actuar.

Este comentario vale de denuncia contra esas prácticas que afectan el buen nombre y el secreto en que deben desenvolverse las conversaciones y correspondencias, en forma de e-mail u otros métodos, para que terminen de una vez por todas, los atentados contra la privacidad de las personas.

Haití es un dilema grande para los dominicanos, porque a pesar de que hemos vivido de espaldas por mucho tiempo, la desconfianza mutua, los miedos y las aprehensiones, no han podido impedir que se desarrolle un mercado que ya es imprescindible para ambas partes.

Haití y la República Dominicana son dos países pobres. Uno, menos pobre que el otro, pero pobres al fin, y como pobres que somos, siempre jugamos el juego que suma cero: lo que uno gana, lo pierde el otro.

La realidad, sin embargo, demuestra que no es así, pero como nadie lo está explicando, siguen perviviendo los mitos.

La realidad es que los haitianos de la diáspora, incluyendo los de aquí, están sosteniendo la economía haitiana, que ha probado ser gran consumidora de productos comestibles y de uso diario. Grandes y pequeñas empresas dominicanas controlan ese comercio que se realiza sin pagar muchos impuestos.

La otra cara de la realidad es que los haitianos dominan el mercado laboral de bajos salarios en el país. Sea recogiendo café o tomates en el campo, o levantando torres en la capital y Santiago, la mano de otra haitiana es imprescindible para la economía dominicana.

Esos son hechos y no tienen que ver con cuestiones ideológicas.

Lo lamentable, sin embargo, es que esos procesos no están siendo estudiados como lo que son, realidades a ojos vista.

No bastan los pedidos de ayuda, hace falta el estudio serio de esas realidades.

Para la iglesia católica es muy difícil admitir que existe un orden diferente al que ella pretende imponer. La distinción entre pecado y delito le parece extraña, porque por demasiado tiempo estuvo imponiendo sus conceptos de la moral y de la ética a las sociedades.

Pero las comunidades actuales son plurireligiosas. En la comunidad nacional conviven todo tipo de religiones. Yo, por ejemplo, vivo cerca de una sinagoga, de un templo protestante y de una iglesia católica y aunque soy católico en asuntos civiles la única ley válida es la de la República.

Recientemente, la ministra española de Igualdad, lo expresó bien claro con relación al debate sobre el aborto: “A la iglesia le corresponde decir qué es pecado, no qué es delito” y, lo que es más importante, el Tribunal Constitucional español, en una sentencia seminal, ha establecido que “la Constitución impide que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos. Es lo que inexorablemente se produce cuando se identifican delito y pecado”.

Esa es la distinción que no quieren que el pueblo asimile. Que el orden democrático, en un estado constitucional de derecho, está por encima de cualquier otro orden en los aspectos civiles. En lo religioso, cada cual es libre de creer en el Dios de su fe.

Por eso, el tema del aborto debe ser debatido a la luz del derecho, no de las creencias. Ellas tendrán su lugar a la hora de que una mujer o una pareja decidan o no tener su hijo y esa decisión debe ser tomada solo con su conciencia.

La religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo o el islamismo, siempre han querido equiparar lo que consideran pecado con un delito penal.

En el caso del catolicismo, la historia viene desde los tiempos en que se hizo religión oficial del imperio romano.

En nuestra legislación quedan muchos remedos de esa conducta que mezcla lo religioso con lo legal y el último round de esa lucha se está librando en estos momentos en que sectores religiosos quieren imponerle a la sociedad su concepto sobre la vida.

Esta ambición legislativa civil la señala el profesor Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense, cuando afirma que “las religiones, especialmente las monoteístas, siempre han querido reforzar las prohibiciones de sus morales particulares -cuya infracción constituiría un pecado-, no dilatando el castigo por esas conductas pecaminosas a las penas del infierno, sino tratando de que ya aquí, en la vida terrenal, sean reprimidas por el Poder estatal secular. En un pasado remoto, la religión católica consiguió que las condenas dictadas por el tribunal eclesiástico de la Inquisición por los delitos de herejía, de sodomía o de brujería fueran ejecutadas por el poder civil, quemando vivos a los que habían cometido tales pecados-delitos; en un pasado reciente, esos esfuerzos eclesiásticos alcanzaron su objetivo… con la prohibición civil del divorcio y la penal del adulterio, … de la homosexualidad entre adultos…; y en el presente, esa equiparación entre pecado y delito todavía existe en los estados musulmanes integristas”.

Un Estado democrático de derecho tiene que separar el pecado del delito.