La Junta Central Electoral teme que con la reforma electoral, devenida en pacto de dos, la desmantelen. Ojalá.

Es un principio jurídico que nadie puede ser juez de su propia causa, y aunque el arreglo institucional electoral dominicano tiene casi cien años funcionando de esa manera, las dificultades del liderazgo moderno han puesto de relieve las fallas de diseño del actual marco electoral.

Aunque en teoría los jueces de la JCE están divididos en cámaras, todos actúan en el mismo local, son jueces de un órgano llamado Pleno y, por tanto, interactúan permanentemente.

Nadie puede evitar que las relaciones que surgen de esas actuaciones contaminen el proceso jurisdiccional. Son las actuaciones de los mismos amigos de la oficina de al lado que serán juzgados, con toda la carga emocional que ello conlleva.

Por tanto, es más moderno y más adecuado a los principios que informan nuestro ordenamiento jurídico, que sean otros los que juzguen el accionar electoral.

No deben ser los tribunales ordinarios, por numerosas razones que no podemos agotar en el estrecho espacio de este comentario, sino un tribunal especial, al más alto nivel, formado por jueces escogidos del tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y de Cortes de Apelación, con un procedimiento abreviado, los que juzguen el contencioso electoral.

El país se ahorraría un montón de dinero y mejoraría la calidad jurídica de las decisiones.

Puede ser que las medidas aprobadas ayer por el Banco Central reciban el aplauso de muchos y el rechazo de otros, pero algo había que hacer para ponerle un poco de sazón a una actividad económica que parecía morir con las lluvias de primavera.

Cuando la actividad económica de un país se aletarga, por las razones que sea, todo comienza a perder algo de lo que hace que las cosas fluyan normalmente.

Se reduce el empleo y por tanto muchas familias tienen que hacer malabares para comer, para mantener los préstamos de sus viviendas o del carro, para enviar a sus hijos a los colegios y a las universidades.

Se reducen las ventas, la gente compra menos ropa, menos electrodomésticos, reduciendo casi a la nulidad la actividad comercial. Lo único que se vende es comida y no necesariamente de la buena.

Al reducirse el ingreso de muchas familias, lo sienten los cines, los restaurantes, las tiendas de alquiler de vídeos, los espectáculos y los bares, creando así mayor desempleo.

Es una especie de círculo vicioso que no beneficia a nadie y perjudica a todos.

El más perjudicado resulta ser el gobierno que, al disminuirle sus ingresos, tiene que cortar sus programas sociales, la construcción de obras, el empleo público y numerosas actividades que realiza en favor de las comunidades.

Yo odio ese estado de cosas, porque todos perdemos, no sólo el gobierno. Ese clima puede ser bueno para cambiar de administración, pero el precio es muy alto para la población.

Bien por el Banco Central.

¿Bajo cuáles condiciones debe vivir una persona que esté presa?

Si nos atenemos a la cultura judicial del ¡Tránquenlo!, herencia de la dictadura trujillista todavía vigente en el país, el preso debe ser sometido a una vida que equivale a una tortura permanente hasta que cumpla su término de prisión.

Lamentablemente para los que así piensan, el resto del mundo no está de acuerdo con ustedes.

Un preso es un ser humano que ha sido privado de su libertad, generalmente por la comisión de un crimen o delito. Decimos generalmente, porque debido a las fallas de nuestro sistema judicial, muchos inocentes guardan prisión en nuestras cárceles.

Es un ser humano y, por tanto, son inherentes a esa persona una serie de derechos que no se pierden por estar temporalmente en la cárcel.

Ahora veamos el caso de Najayo. Ese penal fue diseñado para unos 1,000 presos. Tiene actualmente, 2,500. Ni siquiera la cocina da abasto para tanta gente.

La mayoría de los presos come de la calle o cocina en las celdas. Los servicios sanitarios son deficientes. Gracias a Miguel Cocco, tiene una ambulancia.

Como no ha podido entrar a formar parte del nuevo sistema carcelario, Najayo se maneja casi en forma caso por caso. Los presos deben estar en sus celdas, pero alguien tiene que pasarle la comida a los demás.

En una palabra: no se puede juzgar con criterios de Naco, lo que pasa en Najayo y no todos son culpables de lo que pasó. El Estado podría ser el único responsable.

La necesidad de un protocolo para regular el comercio interestatal entre Haití y la República Dominicana, se ha puesto de manifiesto con el reciente affaire que protagonizan camioneros de ambos países.

Tradicionalmente, los camiones dominicanos y haitianos transportan mercancía entre ambos países sin más dificultades que las aduanales. Recientemente, un sindicato de camioneros haitianos ha reivindicado el derecho a transportar la carga en su país, o en su defecto, debe abonársele una suma como derecho de paso.

Esta suma exorbitante, elevaría los fletes y, por tanto, los costos de transporte, lo que a su vez, iría en perjuicio de los consumidores haitianos que pagarían más caros los productos.

Esta situación no puede resolverse con medidas de fuerza, como han intentado los camioneros a ambos lados de la frontera, pero en cierto modo, es una buena lección para los sordos camioneros dominicanos que no respetan ley ni gobierno.

Ahora, se requiere la intervención de ambos Estados para vencer las resistencias internas. Un protocolo, repetimos, es la fórmula más adecuada para vencer este impasse que en nada beneficia a los consumidores a ambos lados de la frontera.

Nuestro país tiene mucho que perder si se entorpece este intercambio.

Desde hace mucho hemos abogado por la oficialización de este comercio que se realiza de manera oficiosa. Todos saldremos ganando y de paso, se le habrá dado una lección a los sindicalistas a ambos lados de la línea.

El desarrollo necesita dos cosas de las que carecemos: energía e instituciones.

Como lo de la energía ya lo hemos hablado tantos, le toca el turno a las instituciones.

Cualquier modelo democrático parte de la participación de la gente. Esa participación se debe dar a todos los niveles. Desde las juntas escolares, por los presupuestos participativos de los municipios y terminando por la jefatura central del Estado.

La inmensa mayoría de esas participaciones se da a nivel honorífico, donde se prueba el sentido de servicio público que debe caracterizar a todo político.

Nuestra participación es totalmente pecuniaria. Donde no hay, no se participa.

Si el municipio funciona, si la participación funciona abajo, entonces es posible para una administrar central desarrollar programas a largo plazo. Si no es así, es imposible, porque si el gobierno central tiene que reparar todas las calles del país y tapar todos los hoyos, nunca podrá hacerlo y todos estaremos insatisfechos.

Pero tampoco tendrá tiempo para hacer las obras macro que requiere la nación en el largo plazo.

Para que el gobierno central pueda gobernar, se requiere que los municipios gobiernen y éstos a su vez, necesitan tener un marco participativo funcional para que los recursos no se desvían hacia la politiquería y el despilfarro electorero.

Como se ve, sin partidos que canalicen la participación y sin instituciones, no podemos pensar en planes de desarrollo a largo plazo.

Aparte de las cosas buenas o malas que pueda tener el pacto firmado por el presidente Leonel Fernández y el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, el acuerdo tiene otras implicaciones políticas e institucionales que es preciso revisar.

Dado que el presidente Fernández no se presentará como candidato en el 2012, este solo hecho es el pistoletazo de salida a las aspiraciones dentro de su partido. En ese caso, ¿a quién apoyará Fernández, si es que apoya a alguno? ¿Apoyará a Danilo Medina, en caso de ganar las primarias? ¿Se presentará doña Margarita a alguna posición electiva?

En cuanto al Partido Revolucionario Dominicano, las interrogantes son también variadas. ¿Se unificarán todos los aspirantes contra Miguel en la lucha por la presidencia del partido? ¿En caso de ganar la presidencia del partido, se decidirán sus oponentes a presentarse como precandidatos presidenciales contra el hombre fuerte del partido? ¿Cuál es el destino de Hipólito Mejía en ese ajedrez? ¿Se conformará con esperar al 2016 para enfrentarse en la revancha a Leonel?

En el campo de la reforma a la Constitución, en el pacto no se habla de algunos de los puntos más espinosos de la nueva Constitución, como lo son la creación del Tribunal Constitucional y el del aborto, que por la conducta de los congresistas se verá si formó parte oficiosa del acuerdo o no.

El pacto fue el resultado de la incapacidad del PRD de pactar alianzas. La realidad le pasó el rolo.

Entre los aplausos y las críticas al pacto firmado por el presidente Leonel Fernández y el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se coló sin arrugas un acuerdo para ampliar a seis años el período de los legisladores que resulten elegidos en las elecciones congresuales y municipales del 2010.

¡Al fin lograron sus objetivos los actuales legisladores!, la mayoría de los cuales pondrá toda su energía y los barrilitos de los contribuyentes para montarse seis años más en la burra nacional.

Seis años parece un período demasiado largo para un funcionario sin ser cuestionado. Los senadores en los Estados Unidos son elegidos por seis años, pero cada dos años, junto a la elección de los Representantes, los diputados de allá, un tercio de esa cámara pone su cargo de frente a los electores.

Con la experiencia que tenemos con nuestros congresistas, ¿es razonable aguantar a un senador Williams, por ejemplo, seis años más?

Parece que ése es el regalo envenenado del pacto y es envenenado, porque los legisladores actuales tienen mayores posibilidades de resultar reelegidos que unos nuevos que se presenten, no sólo porque tienen cuatro años sonando en los medios y repartiendo su forma de filantropía política, sino que si las cosas salen así, el PLD mantendría la mayoría que tiene ahora, trancándole el juego a quien salga elegido Presidente.

Esa es la trampa del pacto. ¿La dejamos pasar?

La Fundación Institucionalidad y Justicia ha llamado la atención sobre el problema del tránsito en nuestras urbes, pues no se circunscribe a la ciudad capital o a otras ciudades importantes. No. La conducta descortés, las violaciones a la ley y la impunidad con que se manejan los conductores dominicanos, no respeta ni campo ni ciudad.

El caos ha llegado a tales extremos que resultará muy difícil, para no decir imposible, que pueda resolverse con multas y confiscaciones de vehículos. Aquí hace falta un enfoque integral que combine la educación, la coerción y un sistema que pueda despojar de su licencia de conducir a aquellos conductores reincidentes en sus faltas.

Nuestra empresa, Omnimedia, ha sido pionera en la puesta en marcha de campañas educativas para mejorar el tránsito. Pero eso es sólo un granito de arena.

Se necesita que las compañías de seguros, que son de las principales beneficiarias de que se reduzcan los accidentes, los ayuntamientos y el gobierno central, unifiquen criterios para una campaña permanente de educación vial.

Las experiencias de ciudades colombianas y de otras naciones deben ser tomadas en cuenta en el diseño de esa campaña, que ya no puede esperar más, pues sólo con el combustible que se gasta en los llamados “tapones”, y el tiempo que se pierde en productividad o descanso de la gente, el país saldría enormemente beneficiado.

Lo del tránsito es educación y control. Nos faltan ambas. Manos a la obra.

Los tantos gobiernos continuistas que hemos tenido han creado el mito político de la reelección, cuando la misma es una consecuencia de la falta de institucionalidad en que hemos vivido.

Por esa falta de instituciones, la reelección se convierte en causa de otros males, pero solo por vía de consecuencia.

En principio, una reelección limitada es buena para un sistema político, pues le permite dar continuidad a un gobierno que haya probado ser bueno en el manejo de los asuntos públicos. La no reelección sistemática impide que un buen gobernante siga en el mando por un período más, lo cual, en ese caso, es bueno para el país.

La que es a todas luces mala, es la reelección continua. Aquí tenemos ejemplos preclaros que no hay explicar.

En la discusión de la reforma constitucional, el tema no es la reelección, pues todos parecen estar de acuerdo en que una reelección puede ser saludable para el sistema, sino la posibilidad de que un gobernante pueda aspirar al solio nuevamente luego de pasar sus dos períodos. El famoso “jamás” del artículo 49.

La discusión no tuviera lugar si Leonel Fernández e Hipólito Mejía tuviesen 90 años de edad cada uno. El problema surge por las peculiar situación de que el país tiene dos ciudadanos que llegaron al conteo máximo.

Por tanto, la decisión que tomarán los asambleístas no estará basada en ciencia del mando, sino en realidades políticas actuales, y eso es lo malo.

La libertad de expresar el pensamiento y de plasmarlo en periódicos, revistas y medios audiovisuales, está en constante peligro.

Se pensaba que con el aumento de los medios de comunicación, que con la puesta en manos del público de la mayor cantidad de información que conoce la historia de la Humanidad, el hombre se haría más tolerante a las ideas de los otros y más consciente de las limitaciones de las verdades propias.

Pero no ha sido así. Por aquí y por allá surgen con vigor los intentos por cercenar el derecho de la gente a expresar lo que piensa sobre los gobiernos, los funcionarios y la vida en general.

La oposición adora la prensa y la aborrece cuando asciende al poder, y es que la prensa es el crítico residente del Gobierno.

América observa con asombro lo que está ocurriendo en Venezuela, ejemplo siempre de valores democráticos, y lo que ha podido ocurrir en Costa Rica. Los Estados Unidos ya no son ejemplo de prensa libre, y en nuestro país siempre surgen voces a las cuales les molesta una caricatura, un comentario editorial, o simplemente el contenido de una información.

Con el auge del narcotráfico, los enemigos del periodismo libre se han multiplicado. Ahí están los casos de Colombia y más recientemente, el de México.

Sin embargo, el peligro más grande viene de los políticos que han convertido el quehacer público en un negocio. Esos tienen techo de vidrio y por tanto, no toleran que se tiren piedras a su paso. atejada@diariolibre.com