La obediencia a la ley y el orden, están pasando por un proceso de progresivo deterioro en la República Dominicana.

Como van las cosas, resulta más beneficioso violar la ley que cumplirla, en vista de que a los que violan las leyes no les pasa nada, y a los que no pagan los impuestos les dan amnistías. Por tanto, cumplir la ley es ser realmente un pendejo.

Pero la sociedad no puede vivir sin ley ni sin orden. Por tanto, la cuestión no es si podemos crear una sociedad sin ley ni orden, sino cómo podemos volver a rescatar el cumplimiento a la ley y el orden en nuestro país.

Lo primero es aceptar el principio de ciudadanía: todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No puede haber favoritismo para el militar, el potentado o el político, que es casi lo mismo.

En segundo lugar, hay que aplicar la doctrina de la “ventana rota”, es decir, no se puede dejar pasar un hecho por mínimo que parezca. Esto no quiere decir que se arreste o se multe al ciudadano por cualquier cosa, sino que debe ser, al menos, amonestado. Que se sienta el peso de la ley.

En tercer lugar, todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones: pagar sus impuestos, respetar las leyes, comenzando por las de tránsito y de buena vecindad, y exigir a las autoridades que las cumplan también.

Finalmente, hay que convertir a la Policía Nacional en un ente civil, que no esté sometida al rigor de los rangos militares, y los tribunales deben convertirse en socios del cumplimiento de la ley, no en guardianes de sus violaciones. Así se hará Patria.

Cuando Diario Libre creó este premio, ignorábamos hasta dónde iba a llegar en la promoción de las buenas obras que se realizan cada día, cada hora, por tanta gente buena en nuestro país.

Casi culminando su tercera entrega, podemos decir con satisfacción que la meta original de “elevar a la categoría de símbolo” a todos cuantos dedican su tiempo, sus recursos y su fe para ayudar a los demás, se ha cumplido con creces.

Los nominados cada año, son gente como usted y como yo, que simplemente han dado un paso al frente, si son médicos, operando gratuitamente a personas pobres; si son activistas sociales, organizando sus comunidades o realizando actividades que promueven humanamente a los habitantes de un barrio o campo del país.

La gente buena, lo puedo decir por experiencia, proviene de todos los rincones del país y están en todas las clases sociales. La pobreza no es un obstáculo para servir a los demás, como el caso de una señora maestra que enseña gratuitamente a decenas de niños y, además, les da de comer.

Del mismo modo, personas con más medios económicos también hacen lo propio desde fundaciones y patronatos.

El Premio no reconoce a políticos, para evitar que sea desnaturalizado en nuestras pequeñas pugnas, pero admite que entre los políticos también hay gente merecedora.

Con la entrega, el próximo día 1 de abril del galardón correspondiente al 2008, cerramos otro capítulo que nos ofrece nuevas “razones para creer y motivos para esperar”.

Todo el que llega a la Presidencia de la República sabe que, si la cosa va mal, se le van a pegar todos los tiros. Lo que enseña la ciencia política, es que el Presidente tiene que tratar de separarse de aquellos problemas que le pueden causar más daño.

Por supuesto, no podrá separarse de todos los problemas, pero en los que pueda encontrar una explicación plausible, saldrá bien y en los que no, tiene que buscar un chivo expiatorio, generalmente un ministro del gobierno.

Sin embargo, Leonel Fernández actúa de manera completamente diferente a esas reglas del gobierno, aplicables universalmente.

La gente se pregunta: ¿por qué el Presidente no bota a algunos ministros, cuando un cambio en la dirección en los ministerios le daría el respiro necesario para salir del problema?

Una de las razones tiene que ver con la naturaleza del poder en el Partido de la Liberación Dominicana.

El Comité Político, que maneja el día a día, es como un club exclusivo en la que sus miembros se consideran iguales entre sí y aunque se reconoce al presidente Fernández como el líder del partido, éste no puede malquistar al Comité eliminando a uno de sus miembros, cuando “todos” son miembros del Gobierno.

Para mantener el equilibrio en ese órgano, el Presidente tiene que asumir todas las culpas de su Gobierno.

Éste y otros factores le están haciendo un daño inmenso al liderazgo del presidente Fernández, que coge todos los golpes sin que nadie lo defienda.

Que nadie se llame a engaño: el país quiere una reforma constitucional que haga más democrático y más participativo el gobierno de la nación.

Al mismo tiempo, que tenga suficientes controles para evitar la corrupción y el nepotismo, y que permita a los dominicanos enfrentar los retos del siglo XXI.

Los dominicanos quieren cambios en el llamado “artículo 55″, pero no quieren un Poder Ejecutivo débil. Asimismo, quieren un Poder Judicial fuerte, con un tribunal constitucional que sea el órgano de cierre del sistema judicial y quieren un Poder Legislativo que cumpla su función de control.

Quieren una fuerte carta de derechos y que se limpie el tema de la nacionalidad y que se creen mecanismos para hacer efectivos esos derechos.

El país no quiere una justicia sin control, o peor aún, controlada desde fuera; no quiere un Poder Legislativo que legisle para sí mismo y un Ejecutivo que no tenga freno.

Todo eso puede lograrse con este texto constitucional, con pequeños ajustes, siempre y cuando no se toque lo indispensable, y no se negocie con el status quo de la permanencia de irritantes privilegios.

Lamentablemente, parece que esta reforma es del presidente Fernández y no de su partido, pues no la defienden ni la enriquecen. Por el contrario, las más grandes dudas sobre la misma provienen de su mismo sector político.

En ese sentido, las demoras no son más que intentos por arreglar un mundo que por fuera parece tranquilo, pero por dentro está turbulento, lo que es una pena.

Los dominicanos nos vivimos quejando de nuestra falta de orden, de la indisciplina que nos caracteriza y del vivir como chivos sin ley, que nos encanta.

Los dominicanos, en esta encrucijada de caminos en que nos encontramos, no nos hemos planteado individualmente el concepto de orden. Para usar una palabra de moda, no lo hemos conceptualizado.

Pero como nos dice Slavoj Zizek, en “Carl Schmitt en la edad de la post-política”,

“no es posible pasar directamente de un orden puramente normativo a la realidad de la vida social; la mediación necesaria entre ambos es un acto de voluntad, una decisión, fundada exclusivamente en sí misma, la cual impone un cierto orden o hermenéutica legal (una lectura de reglas abstractas) (…) Sin embargo, la decisión que salva esta brecha no es una decisión en favor de algún orden concreto, sino primariamente la decisión en favor del principio formal del orden como tal”.

Un joven de este tiempo nuestro no se plantea el hecho de por qué debe portarse bien y ser respetuoso y le es más difícil aún si reside en un barrio, donde los ejemplos de éxito son el vendedor de drogas y el matón. Tampoco puede planteárselo el hijo del político, que se hace rico a costa del Estado.

En el proceso de internalización de valores, el acto concreto de ser buen ciudadano, apenas se plantea en los órganos de socialización.

Visto así, tenemos que reconocer que si no trabajamos a los jóvenes, seguiremos reproduciendo esta sociedad podrida en la que no queremos vivir.

Los datos publicados por Diario Libre sobre la cantidad de atracos que están ocurriendo y de la magnífica labor de la Policía Nacional en la solución de muchos de ellos y otros más añejos, lo que deja claro es que ya los afanes de la delincuencia en el país no constituyen “hechos aislados”.

La producción de hechos delictivos no es culpa de la Policía, sino de una sociedad que se está descomponiendo ante nuestros ojos y ante la cual no valen medidas preventivas, ni aparentemente campañas de educación.

La penetración intensa del narcotráfico y la importación de valores del ghetto estadounidense, unido a la desaparición de los valores tradicionales que daban sustento al comportamiento social, han creado el caldo de cultivo para producir una sociedad que tolera todos los males y abjura del comportamiento cívico.

Es una pena tener que decirlo, pero en este país, a todo el que se le ocurre ocupar un espacio público, lo ocupa; todo el que quiere hacer una huelga, sin importar el motivo, la hace; todos nos sentimos autorizados a violar las luces rojas en los semáforos, a orinar al estilo de las bestias, donde nos dé la gana y a cometer delitos más graves, a veces con la participación de elementos militares y policiales.

Hay que reconocer el optimismo del Jefe de la Policía, que libra una lucha contra el ejército de la delincuencia y los traidores del suyo. Lamentablemente, ya la sociedad no comparte ese optimismo, y si no nos levantamos como pueblo, veremos llorar a Duarte en su tumba.

Continuando con las críticas a las declaraciones del magistrado Jorge Subero Isa al semanario Clave, esta vez dirigimos la atención a varios puntos fundamentales.

El Magistrado Subero ha incurrido en algunas de las conductas que él mismo critica. Nos referimos al interés de los representantes de la Justicia de justificar sus actuaciones ante la opinión pública o determinados grupos de la sociedad civil, lo cual promueve dentro de los tribunales una conducta similar de acomodar las decisiones para que sean “populares”, alejándolas de la imparcialidad e independencia que exige un verdadero estado de derecho.

Es inusual que cualquier Magistrado, y mucho menos el Presidente de la SCJ, se atreva a emitir juicios de valor sobre casos y sentencias que en cualquier momento podrían entrar en su jurisdicción y, peor aún, creando un ambiente sesgado que podría impedir su conocimiento de manera imparcial e independiente.

En general, ha sido la tradición que “los jueces hablan por sentencia”, y es totalmente inusual e innecesario que el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia se dedique a comentar casos judiciales en entrevistas periodísticas, en menoscabo de la imparcialidad, la independencia y la majestuosidad que merecen las decisiones de la Justicia, que deben apegarse estrictamente al debido proceso.

Por esos y otros errores, el magistrado Subero debe recoger esas declaraciones que en nada contribuyen a la buena marcha de la justicia.

El magistrado Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en una entrevista en el semanario Clave, afirmó algo que quiero creer fue un error del periodista, porque si la expresión es cierta, denota una total ignorancia de lo que representa un tribunal constitucional para la vida democrática de un país.

El magistrado Subero Isa, según el semanario, dijo: “Conozco todos los tribunales constitucionales donde existen, y todos están en línea con el Gobierno, con el Presidente de la República. Todos.”

Una afirmación de ese tipo denota una ignorancia que no es propia de un presidente de Suprema Corte y no se justifica ni siquiera como argumento de estrado, donde todo está permitido, para denostar al oponente.

Por el contrario, los tribunales constitucionales, en la gran mayoría de los países, son los órganos más populares por su defensa de los derechos de los individuos frente al Estado y, particularmente, contra el Poder Ejecutivo.

Es peregrino y raya en la mala fe, afirmar que del Tribunal Constitucional alemán al de Sudáfrica; que del de España al de Colombia, y del de Estados Unidos a los de los países recién salidos de la órbita soviética, para sólo citar casos conocidos, “están en línea con el Gobierno”.

Es más, si algún presidente de estos tribunales se entera de la generalización absurda del presidente de nuestro más alto tribunal, se va a morir de la risa, aceptando el disparate como otro ejemplo más del subdesarrollo.

Los tribunales constitucionales representan el tránsito a una democracia constitucional.

Mientras más recursos recoge el Estado por vía de los diferentes impuestos y tasas, más malos se ponen los servicios que presta, y más ricos se van haciendo los que controlan el poder.

El control del poder político de parte de una casta gobernante más o menos numerosa, convierte al Estado en parte del patrimonio personal de esas élites, una especie de fideicomiso político del cual cada uno de ellos y sus amigos y colaboradores, extraen recursos.

En ese paquete propietario no hay cabida para la inversión social, ni para el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Se hacen entregas casi simbólicas que sólo sirven para consolidar el estado de pobreza en que viven las grandes masas, mientras los potentados de la política pasean sus oropeles, sin rubor alguno, por los hoteles de lujo de aquí y de allá.

Para lograr estos propósitos, se ha utilizado un modelo de “capitalismo de estado”, dejando intactas y aún fortaleciendo, las estructuras paternalistas y caudillistas que impedirían a la larga que el proceso pudiera ayudar al país a salir del subdesarrollo.

Ese proceso condujo a la realidad de hoy en la que a nadie le importa si la escuela enseña, si el sistema de salud opera y si las estructuras administrativas del Estado, incluyendo las del orden y la seguridad, contribuyen al mantenimiento del tejido social.

La patrimonialización del Estado por parte de los diferentes grupos políticos permite la independencia de lo político del resto de la sociedad y su total indiferencia a los problemas de ésta.

Hasta hace poco, el dominicano promedio consideraba que los derechos fundamentales eran otorgados por el gobierno y dependían de éste.

Hoy, aunque esa percepción ha cambiado, sin embargo, todavía gran parte de la población no admite que una violación a los derechos de otro le afecta directamente.

Por eso es habitual escuchar a personas que desean que se le violen los derechos al delincuente común, al que agarran en flagrante delito, o al que el tribunal de la opinión pública, muchas veces manejado por sectores interesados, ha condenado sin juicio previo.

Esa percepción es lo que todavía permite que las autoridades y grupos de poder, puedan violar los derechos de las personas y escapar impunes de ello.

Sin embargo, esos derechos están en la Constitución o en los tratados, para defender a los seres humanos contra los demás, inclusive contra mayorías electorales o vociferantes. El derecho a un juicio justo, la imparcialidad del juez, el derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, el derecho a la intimidad, para solo citar algunos, son derechos inalienables e irrenunciables y todo aquel que pretende violarlos, por más enquistado que esté en el tren gubernamental o por más recursos que reciba del país o de un gobierno extranjero, es reo de violar disposiciones constitucionales y penales.

Los derechos son para vivirlos y para que todos los defendamos, porque cada vez que se le viola a uno, nos los están violando a todos.