“Una de las grandes lacras de las democracias contemporáneas es la tentación de utilizar la red de poder para generar clientelas fieles en función de un intercambio de voto por tal o cual favor. Y eso me repele profundamente. Si algo me preocupa … cada día es superar ese trauma … que está ahí, en el tuétano del país y que inhibe capacidades emprendedoras. Es un problema de cultura política, y una tentación que vive arriba. Tenemos que trabajar con firmeza y determinación para superar esa herencia”.

Esas palabras del Presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, me conmovieron porque aquí, al igual que allá, el clientelismo es un mal ancestral de la cultura política que ningún líder político ha podido curar.

En los años de 1870, Pedro Francisco Bonó escribía: “No se podrá hacer nunca una estadística correcta del número de individuos que componen el partido rojo o azul en una época determinada, para saber cuál de los dos es la mayoría. Tal azul de hoy, por ejemplo, a quien quiten el empleo o pensión de que goza, mañana será rojo; y tal rojo de ayer a quien le den dicho empleo o pensión, en seguida será azul”.

¿Cuál dominicano de hoy se atreve a decir que esa situación ha cambiado en algo? En verdad, quizás se ha agudizado, porque nuestra pobreza se ha consolidado, pero nuestras expectativas han crecido exponencialmente a la capacidad del Estado de repartir su canasta de oportunidades.

Cuando erradiquemos el clientelismo, todo comenzará a cambiar en el país.

En nuestro país tenemos que estudiar muy seriamente qué ocurre cuando a una institución se le otorga autonomía funcional y financiera, porque hasta ahora, en todos los casos, lo que ha ocurrido es el latrocinio, el reparto de los bienes del Estado, es decir, de nosotros, sin respetar cánones éticos y sin vergüenza alguna.

El último caso, el de la nueva Cámara de Cuentas, es el más patético de todos, porque los nuevos integrantes del órgano de fiscalización externa del Estado, fueron designados luego de una crisis de credibilidad del organismo que culminó con la destitución de sus integrantes en juicio político.

Se pensaba, que al designar a los nuevos miembros, éstos tendrían al menos el recato de no repetir los errores que terminaron con la gestión anterior. Pero no.

Comenzaron bien, manteniendo los sueldos anteriores, pero no aguantaron tres meses para meter honda la pata y además querer justificarla con un argumento baladí. La legitimidad de un hecho no depende de una norma ambigua, sino del carácter moral y ético de la decisión, parámetros que fueron violados por los integrantes de la Cámara de Cuentas.

Si es cierto que además recibieron la proporción de regalía en sus trabajos anteriores, estaríamos frente a un enriquecimiento no solo ilícito, sino que carece también de causa, por lo que pueden ser demandados en justicia.

Pensábamos que los miembros de la Cámara tendrían el carácter suficiente para evitar ser coautores de un hecho bochornoso. Nos equivocamos.

Decía la reconocida luchadora por los derechos civiles y políticos, Concepción Arenal, que era preferible liberar a un culpable que condenar a un inocente.

Traigo esto a colación porque se ha tratado con mucha dureza el tema de los indultos de Navidad del presidente Fernández, a Vivian Lubrano y a varios condenados por el caso del Plan Renove.

Lo primero que hay que decir es que el indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República y que la Comisión de Indultos es un organismo creado por la ley para “recomendar” al Presidente los reclusos que merezcan el beneficio, sin que la recomendación lo obligue.

Por tanto, lo que se discute en los mentideros no es la capacidad constitucional de emitir los indultos, sino los méritos de las personas que fueron indultadas.

En este caso, hay que hacer varias salvedades.

El caso de Vivian Lubrano es interesante porque esa señora, a quien no conozco personalmente, fue favorecida con un Auto de No Ha Lugar y luego fue descargada por el Tribunal de Primera Instancia. Fue en una curiosa sentencia de apelación, que fue condenada, y su condena ratificada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, cuyas actuaciones algún día serán revisadas.

En el caso de los acusados del Plan Renove se puede decir sin ambages, que los verdaderos culpables no fueron ni siquiera juzgados.

Hay que cuidarse mucho de hacer coro con estos casos donde ha habido más de un error judicial y mucha presión de grupos pagados con dinero extranjero y local.

“Para ser juez, hay que aprender a fallar”, decía un graffiti en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, que un querido amigo tuvo la gentileza de enviarme. Pues sí, para ser juez hay que distinguir la diferencia entre los verbos “fallar”, para no “fallar” el fallo.

El problema no es que un juez se equivoque, pues todos somos humanos, aun el más encumbrado de los mortales. El problema está cuando sabe que se equivocó y no enmienda el error, o se impide que se enmiende a través de los mecanismos de la administración de justicia.

Tomemos dos casos claros que devendrán en clásicos: el caso Sun Land y el caso Pellerano Mendoza.

En el caso Sun Land, la Corte Suprema se tomó más de un año para fallarlo. Se podría alegar que había desunión entre sus jueces, como se pudo comprobar en el fallo, pero esta razón debió bastar para que una comisión de jueces redactara un proyecto de sentencia de consenso. Ahí faltó el liderazgo de que habló el Presidente de la Suprema Corte.

Más aún: Si no fue posible el consenso, la sentencia definitiva debió tener mayor sustento jurídico. Por eso nadie la pasa, aunque hubiese sido la solución final del caso de todas maneras.

Sobre el caso Pellerano y Mendoza, es evidente la intromisión de intereses ajenos a la justicia.

El sistema falló en este caso, porque los mecanismos de control fueron cooptados por agentes externos y también faltó el liderazgo ético que impusiera el valor supremo de la justicia sobre los prejuicios internos y las presiones externas.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Sun Land es una demostración más de la necesidad de una Sala Constitucional en el más alto tribunal, que juzgue con precisión jurídica casos de esta naturaleza.

En el fondo, lo que pedían el Foro Social Alternativo y el Partido Revolucionario Dominicano era que se estableciera la normatividad superior de la Constitución, a través de la violación de requisitos indispensables para la validez de un contrato que comprometió al Estado por US$31 millones de dólares.

La decisión mayoritaria de la Suprema erró el camino, y se fue por una tangente (cosa que está haciendo muy a menudo), que limita el concepto de parte interesada y reduce el alcance de la regla que rige la inconstitucionalidad por vía de acción.

Más luces tienen los votos disidentes y concurrentes que se emiten junto a la sentencia, que señalan caminos más firmes para el fallo, en un caso, y que lo cuestionan seriamente, en el otro.

Causó extrañeza la declaración del Presidente del alto tribunal de que se necesita un nuevo liderazgo jurídico en la Corte. Aparentemente, la discordia que generó esta decisión, fue lo que motivó la expresión del Presidente.

Esa desavenencia se debe a dos razones: Primero, la especialización del tema y su relación con la política, tema que las cortes rehuyen, y segundo, y para mí más importante, que la Corte ha dejado de juzgar en derecho algunos casos, para fallarlos movida por otros intereses. Y así se llega al caos.

La justicia dominicana tiene problemas. Podrá tener muchas computadoras, mejoradas sedes y mayor entrenamiento, pero falta el elemento más precioso para un juez: la integridad.

Existe una falla garrafal en el material humano, y aparentemente, se “bajan líneas” a todos los niveles.

La justicia no actúa libre de interferencias, ni internas ni externas, y lo peor de todo, no ofrece garantías de seguridad jurídica porque el dinero corre en la justicia.

Basta con escuchar los murmullos que llegan del Este, un mercado persa judicial; las quejas que se oyen desde el Sur, asilo de jueces probos; los lamentos desde el Cibao, que antes era un modelo, y desde la propia capital, donde ni la Suprema Corte de Justicia escapa a los rumores y los cuestionamientos.

El país ha puesto muchas esperanzas e invertido cuantiosos recursos para aceptar el lamentable estado de la justicia, porque también en el aparato judicial se esconde la impunidad y el prejuicio contra ciertos acusados.

Contrasta la facilidad con que salen libres los acusados de narcotráfico, aunque hayan sido atrapados en flagrante delito, con la severidad que son tratados otros imputables sin acusadores ni pruebas legales.

En el estado actual de nuestro sistema judicial, no parece posible que el proceso de regeneración moral de esa importante función del Estado pueda llevarse a cabo con esta estructura y con este liderazgo.

Y lo puedo decir yo, porque no soy abogado en ejercicio. Si lo fuera, tuviera que callarme.

El presidente Fernández es un optimista consumado. Es más, el Presidente defiende su optimismo aún en medio de la más peligrosa de las tempestades.

Y la razón es sencilla: muchos ven en el país oportunidades de inversión y de progreso y el Presidente siempre prefiere esa visión, a la de los cataclismos que pregonan otros, quizás enceguecidos por efecto de los problemas apremiantes de cada día.

Es en ese tenor que hay que tomar el discurso pronunciado anoche por el presidente Fernández. Delineó la crisis y el “panorama ensombrecido”, pero a seguidas reacciona para mostrar que la inversión extranjera sigue llegando, que los precios están bajando y que algunos componentes de la crisis, como los precios del petróleo y de algunos alimentos están a niveles inferiores a los de la crisis.

En las cuatro principales áreas de su discurso, propuso soluciones: en cuanto a los precios internos, ha pedido a Pro-Consumidor crear un observatorio de precios para proteger a los consumidores.

En cuanto a la creación de empleos, planteó que enviará un proyecto de ley para poder utilizar los dineros de los fondos de pensiones y financiamiento internacional para financiar la creación de empleos.

Para la electricidad, creará una comisión mixta público-privada para ir solucionando los problemas estructurales del sector y finalmente, convocará en enero a un encuentro de las fuerzas vivas del país para definir el curso de acción.

Un discurso esperanzador, pero sin promesas. Los tiempos no están para otra cosa.

Este es el único país que todavía cree en el Fondo Monetario Internacional. Nos sentimos tan débiles, que tenemos que acudir a un organismo todavía más débil en su imagen internacional.

Por tanto, el acuerdo que se acordará hoy debe ser el menor acuerdo posible. Uno de monitoreo, quizás, con algún dinero del Fondo para sustentar nuestras debilitadas finanzas.

Sin embargo, hay que llamar la atención sobre diversos aspectos de los acuerdos con el FMI que por influencia de autoridades dominicanas, particularmente del Banco Central, incluyen siempre menciones ajenas a los acuerdos, incluyendo aquellas que buscan influir en la justicia dominicana indicándole el sentido de sus fallos.

Al mismo tiempo, hay que insistir en que un acuerdo con el Fondo es innecesario para cualquier otra cosa que no sea la supuesta imagen internacional que da al país.

En las actuales circunstancias, lo único que daría sustancia a un acuerdo con el organismo internacional es que nos facilite fondos de emergencia y establezca compromisos del Gobierno para tomar acciones efectivas de ahorros que contribuyan a reducir el déficit fiscal, porque en el fondo, todos los déficit terminan siendo fiscales.

Sería un suicidio político que el Gobierno aceptara otra reforma fiscal que aumentara los impuestos que paga la población. Por tanto, esta sugerencia debe ser muy bien ponderada.

En definitiva, se debe firmar el menor acuerdo con el Fondo. Todo lo demás depende de nosotros.

Como está propuesto en el proyecto de Constitución presentado por el presidente Fernández, la función judicial estaría mejor servida y mejor manejada que con el esquema actual.

El enojo del magistrado Jorge Subero Isa es comprensible: Aunque se aumenta la capacidad de gobierno del sistema judicial y se amplía las posibilidades para los justiciables de tener una decisión garantista de sus derechos, sus poderes omnímodos de la actualidad serían reducidos.

Obsérvese que no son los poderes de la función judicial, sino los poderes del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no es lo mismo, ni es igual.

El Poder Judicial estará mejor gobernado, porque en el Consejo del Poder Judicial estarán representados todos los estamentos que intervienen en el mismo: los jueces a todos los niveles, los abogados, ex jueces de experiencia y los decanos de las facultades de derecho.

La garantía de una mejor justicia está asegurada por la creación de la Sala Constitucional que preservaría el respeto a la Constitución y a los derechos que ella contiene, y la misma serviría para que los jueces se cuiden bien de no fallar por presiones, por complacencias o por cualquier otro motivo, que afecte la verdadera impartición de justicia.

Con la reforma, el Poder Judicial gana en numerosos aspectos, incluyendo una mejor selección y promoción de los jueces. No se disminuye, por el contrario, salvo el parecer interesado de algunos, es lo mejor que le puede pasar a la función judicial.

Javier Moreno, director de El País, de España, afirmó en un coloquio sobre el futuro de los periódicos, celebrado en ocasión de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, que “La función de un periódico, sea cual sea la forma en que se presente ante los lectores, es sustentar un debate público que garantice la calidad de la democracia”.

En Diario Libre ése es nuestro propósito de cada día: Apoyar el debate de los asuntos públicos y crear el debate cuando la gente acepte sin más ni más una decisión pública o probada, y fomentar la participación de los lectores por diversas vías, a través de todos los canales que provee la multimedia.

¿Que a mucha gente no le gusta?, pues allá ellos. Este proyecto de nación que construimos todos los días necesita el debate vigoroso sobre los asuntos que interesan a todos, no sobre acusaciones sin pruebas, sólo para llenar los espacios; no con la maledicencia de los que cobran por servir de bocina a los intereses de otro.

De lo que se trata es de ponerle los pantalones largos a esta democracia para que esté obligada a tolerar la disidencia, a respetar el disenso, a entender que emitir una opinión que no le guste al Gobierno o a un ministro, no es conspirar contra el orden constitucional.

Decía Almond que la modernidad es la “institucionalización de la innovación”, es decir, lo nuevo, lo que cambia, no es un atentado contra un orden inmutable, es el orden.

Así seguimos en Diario Libre, con la ayuda de todos los amables lectores.