La mezquindad está de fiesta: Arturo Pellerano y Felipe Mendoza están presos.

El morbo se ha dado banquete, ensañándose sobre estos señores y sus familias, que nunca han sido motivo de escándalo, que lo único que han hecho es trabajar, crear empleos y tratar de cumplir sus obligaciones con todos.

Las campanas de la injusticia no sólo tañeron por Arturo y Felipe. Tañeron por todos, porque cuando la injusticia se enseñorea sobre una sociedad, todos corremos peligro.

Fueron condenados sin acusadores civiles y sin interés del Ministerio Público. Sin pruebas, y por medio de maniobras fraudulentas, que algún día serán sancionadas, y lesionando sus derechos fundamentales.

Pero fuerzas extrañas se confabularon para presionar a la justicia y se llegara a este resultado bochornoso para todos los que participaron en el mismo.

Pellerano y Mendoza se entregaron voluntariamente a las autoridades y han enfrentado con dignidad su destino, porque se saben inocentes y porque saben que ninguna cárcel podrá enjaular su decoro y su hombría de bien.

Todos los supuestos logros del Poder judicial han caído al lodo de la ignominia con esta decisión. Personas irresponsables se han aprovechado de la debilidad de los jueces y los han empujado al sepulcro de los indignos, sin darse cuenta de que al deshonrar a las instituciones que sirven, manchan para siempre el prestigio y el honor de la República.

El de ayer fue un triste día para la Justicia.

Manuel Arturo Pellerano Peña decía en la entrevista que concedió a este diario, que estaba preocupado, pues “lo que me está pasando hoy a mí, mañana puede ocurrirle a cualquier otro empresario, profesional, estudiante, obrero o campesino. Yo creo que, si no se rectifica, en lo adelante nadie, empresario o no, podrá estar seguro en este país”.

Y tiene razón.

El sistema judicial ha sido rodeado de tantas cláusulas de control, precisamente para evitar que un procesado pueda ser condenado injustamente, pero cuando ni siquiera el más alto tribunal es una garantía de que los derechos fundamentales de un imputado van a ser respetados, entonces, como dice Arturo, todo corre peligro en este país.

El caso de Arturo Pellerano y Felipe Mendoza es paradigmático de cómo el sistema judicial ha sido copado por intereses de fuera y arrinconado por masas vociferantes que atemorizan a los jueces, creando un clima en que resulta imposible juzgar imparcialmente a una persona.

Yo no estuviera defendiendo a Arturo y a Felipe, si creyera que son culpables. Los defiendo, porque la justicia les ha fallado, como nos ha fallado a todos cuando se deja influenciar por intereses ajenos a su sagrada misión.

Por eso tiene los ojos vendados (y ahora habrá que ponerle tapones en los oídos también), y una balanza: para no ver a quien está juzgando y para pesar las culpas contra el mérito de sus acciones.

La justicia no hizo su trabajo y ahora todos corremos peligro.

Cada crisis nace de una época de prosperidad. Los excesos de la prosperidad llevan el germen de la crisis. Esa es la historia de las crisis económicas que ha vivido la humanidad desde el principios de la vida civilizada.

La historia de José en Egipto no es más que una suave reconvención a los humanos de que aprovechen los buenos tiempos para prepararse para los malos.

Pero en nuestro país esa lección nunca ha podido aprenderse porque aquí vivimos el hoy y nunca reparamos en el mañana.

El Gobierno mismo perdió una oportunidad preciosa de tomar medidas para paliar la crisis cuando los combustibles y los productos agrícolas llegaron a precios insoportables. Ese era el momento de tomar las medidas necesarias para cubrir el déficit y tomar todas las medidas, del Gobierno para abajo, para enderezar las cosas.

Ahora, le será muy difícil hacerlo, ahora que han bajado los precios y que la disposición de la gente no es hacia la crisis, sino hacia el disfrute y hacia olvidar los malos tiempos.

El Gobierno está casi obligado a una nueva reforma fiscal, pero en la antesala de un año electoral, con un Congreso cada vez más dividido y un país que no siente que pueda cooperar más, es posible que la oportunidad se haya perdido.

La solución sería que el presidente Fernández tome una actitud más proactiva en el manejo de los problemas, que aproveche el tiempo, como decía Duarte, para actuar, para que recupere los activos de poder que ha ido dejando en manos de otros.

Es tiempo de actuar.

Las tantas demandas, sin razón ni concierto, que hacen las comunidades por obras, y los anuncios del Gobierno de que levantará obras diferentes, demuestran que en el país no se produce una verdadera articulación de los intereses de la sociedad.

Ésa es una falla fundamental de los partidos políticos, una de cuyas misiones principales consiste en articular las demandas de la población, reducirlas a los mínimos alcanzables, y provocar la reacción del Gobierno, por medio de la creación de políticas públicas.

Todas las comunidades tienen demandas. La misión de los partidos y de las autoridades es promover la articulación de las mismas.

Por ejemplo: una comunidad necesita un hospital, un acueducto y el arreglo de las calles. Es imposible conseguirlas las tres juntas. Por tanto se necesita agregar esas necesidades, y a través de un proceso de concertación en la que se le presente a las autoridades una lista de obras en orden de prioridad.

Lamentablemente, nuestros partidos no están preparados para ello, lo cual permite que los elementos más “vivos” se aprovechen, y organicen protestas y otros mecanismos de presión para conseguir las obras que a ellos les son más beneficiosas por sus contactos.

Esto daña el proceso político y afecta a las comunidades que se llenan de obras que ellas no pidieron, pero que sirvieron para que el “vivo” se forrara de dinero.

El país necesita que los partidos olviden más sus querellas y se dediquen a articular los intereses de la sociedad.

Llaman la atención las denuncias de dirigentes peledeístas contra sus propios compañeros, a los que acusan de indisciplina y de haber utilizado el poder para lucrarse, entre otras lindezas.

Llama la atención porque estas quejas ocurren en un momento bajo de la popularidad del régimen, en el que los problemas ya no les rebotan como antes, donde parece haberse quedado sin ideas para enfrentar los distintos problemas que afectan a la población y con una inercia que aterra.

Se habla también de que el problema del liderazgo en el partido no está resuelto y que Danilo Medina ha estado moviendo sus huestes y creando ruidos que preocupan en las altas esferas.

Por eso llama la atención esta rebelión ética de último momento, que huele más a intento de purga que a un verdadero despertar moral de ese partido que ya no constituye el referente ético con que se vendió al electorado.

Para un observador avispado del panorama político, una crisis del partido de gobierno sería el remeneón de la mata que se necesitaría para tapar la crisis nacional y, al mismo tiempo, eliminar algunos elementos molestosos de las estructuras partidarias.

De hecho, fue una herramienta que utilizó muchas veces el fundador del PLD para quitarse de encima a sus “enemigos”.

Por tanto, que nadie se lleve a engaño: el partido morado no está ardiendo. Esto, más bien, parece una táctica política para resolver a lo interno y hacer olvidar a lo externo. No sería la primera vez.

Cada vez que el país se enfrenta a los naturales cambios y dificultades de la vida económica, mucha gente pide un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Esto, solo de un tiempo para acá y uno tiene la impresión de que más que interés por la salud económica del país, se trata de una jugada política contra las autoridades de turno.

El FMI, no mucho tiempo atrás, era el cuco de los políticos y economistas nacionales y no parece que esa institución, en crisis como todo el sistema internacional, haya cambiado tanto para erigirse en el salvador de nuestros pueblos.

No es verdad que el Fondo es un policía que siempre está vigilando, porque la experiencia del último acuerdo demuestra que el FMI se hizo de la vista gorda a muchas actuaciones del Gobierno que afectaban el acuerdo y aceptó tantas “dispensas” que las mismas equivalían a una anulación de hecho del acuerdo inviolable que se había firmado.

La impresión que se tiene es que las peticiones para que el Fondo venga en nuestro auxilio, provienen de dos flancos: de un litoral del Gobierno que necesita un pié de amigo para enfrentar a sus adversarios dentro de la política económica del Gobierno, y por el otro lado, de personas e instituciones que no creen que los dominicanos podemos enfrentar con éxito, con disciplina, las dificultades de los tiempos.

Este país ha vivido de crisis en crisis, con Fondo o sin Fondo, y todas las hemos superado. Aquí “siempre seca lágrimas el sol”.

Comencemos a pensar que podemos y se verán los resultados.

El Diario Libre, con el apoyo de la Publicitaria Pagés y el patrocinio de ARS Humano, Grupo Vicini, Grupo León Jimenes, Texaco, Café Santo Domingo y Multiquímica Dominicana, presentó el miércoles su proyecto de “El libro de los valores”, una serie de folletos que aparecerán encartados cada semana en las ediciones de Diario Libre.

Al proyecto se unió de manera entusiasta la secretaría de Estado de Educación, que reproducirá los fascículos para repartirlos en las escuelas, en las cuales se realizarán talleres sobre los valores.

El libro de los valores está destinado a ofrecer a la sociedad dominicana un conjunto de temas de reflexión alrededor de los valores. El Libro, redactado en forma de fábulas, mitos, relatos y leyendas extractados de la tradición literaria universal, acompañados de definiciones elementales, consejos para la vida práctica, refranes populares y sentencias de grandes filósofos y líderes de todos los tiempos, incluye los valores de honestidad, tolerancia, libertad, agradecimiento, solidaridad, bondad, justicia, amistad, responsabilidad, lealtad, respeto, fortaleza, generosidad, laboriosidad, perseverancia, humildad, prudencia y paz.

Al mismo tiempo, Diario Libre estará entregando “valores de Navidad”, fascículos sobre la reconciliación, generosidad, alegría, unión, esperanza, fe, humildad, amor, inocencia, fraternidad, bondad y paz.

Confiamos en que cuando las familias reflexionen sobre estos temas surja el deseo de ser mejores personas.

En nuestro país, cada dominicano tiene su reforma constitucional favorita, aunque a la práctica sólo se llevan los cambios que auspician minorías ruidosas, grupos de poder y personas e instituciones de influencia.

Con esta modificación constitucional, se quiso escuchar el parecer de las personas y de las instituciones. Todo el que quiso participó, y envió por escrito sus propuestas.

Muchas de ellas fueron tomadas en cuenta por la Comisión de Juristas que elaboró el borrador del texto, aunque luego el presidente Fernández le introdujo modificaciones para su envío al Congreso.

¿Es el proyecto tan malo como dicen algunos? Parece improbable, sobre todo dado el amplio nivel de consenso que existía en el país respecto a numerosas modificaciones que fueron introducidas en el texto. Algunos de esos consensos eran: ampliar los derechos fundamentales; crear mecanismos para su cumplimiento; reformar los poderes del Estado en diversos sentidos; dar más participación al pueblo en las decisiones; crear un mecanismo de representación de los dominicanos en el exterior; hacer un estado más descentralizado; garantizar el status de los empleados públicos; crear un tribunal de garantías constitucionales o su equivalente; cambiar la forma de modificación de la Constitución, y mejorar los sistemas de control de las finanzas públicas.

Todos los temas los tocó la Comisión en su proyecto. Algunos fueron modificados por el Presidente, basado en su conocimiento de nuestras realidades políticas.

Toda la reforma judicial que tanto se pregona, ha sucumbido ante el terrorismo judicial que enarbolan ciertos grupos dirigidos por abogados de dudosa ética, que han puesto en jaque a las autoridades judiciales que no se atreven a rendir decisiones basadas en la justicia, sino en la condena previa que han emitido esos grupos.

No se puede hablar de independencia judicial, ni del Ministerio Público, cuando están amedrentados por la turba mediática de esos grupos que “linchan” públicamente a quienes se atreven a actuar de acuerdo a su conciencia.

Al pobre Procurador General de la República lo quieren matar, porque tomó la única posición justa en el caso del “Bancrédito chiquito”. Lo que hizo el Procurador fue hacer valer la decisión original tomada por el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, juez original de la querella. Pero los terroristas judiciales lo fusilan en los medios.

La pena es que muchos de esos terroristas, según el rumor público, son financiados por instituciones del Estado muy poderosas, movidas por fines inconfesables.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia se puede rasgar sus vestiduras gritando a todo pulmón que la justicia es independiente, pero él sabe que los jueces están sometidos a todo tipo de presiones, y que muchos se han rendido a ellas.

Al fin y al cabo, son seres humanos con debilidades y tienen familia.

La pena es que no tomen en cuenta que sus condenados también tienen familia.

La Suprema Corte de Justicia ha depositado ante la Comisión Bicameral que estudia la reforma a la Constitución, sus objeciones al proyecto bajo la premisa general de que los cambios sugeridos en la reforma “debilitarían” al Poder Judicial.

Es exactamente lo contrario. En términos de Gobierno, el Poder Judicial gana de un órgano más plural para la selección de sus miembros, lo cual era un deseo de toda la comunidad jurídica y política nacional y gana también con la creación del órgano de gobierno interno.

El Consejo General del Poder Judicial democratiza la toma de decisiones y amplía la base de poder de la justicia. A partir de la reforma será más difícil bajar líneas, y los tribunales tendrán un mecanismo idóneo para expresar la solución a sus carencias.

Parece molestar mucho a la Suprema la creación de la Sala Constitucional, deseo de más de treinta años de la comunidad nacional, pero la creación de la Sala es una consecuencia de la limitada capacidad de la actual SCJ para lidiar con los asuntos constitucionales, y de erigirse en una guardiana de los derechos fundamentales, como lo prueba un caso reciente.

Al darle una categoría especial, el legislador lo que ha querido es simplemente salvaguardar la calidad jurídica de las decisiones que tienen que ver con la Constitución.

El error de la Suprema consiste en ver a la justicia como un poder, y no como un sistema de administración de justicia orientado al servicio de los justiciables y no sólo de un grupo de jueces.