Cualquier persona, reitero, cualquier persona que navegue en Google, puede encontrar los republicanos y los demócratas que viven en una determinada zona de cualquier ciudad grande de los Estados Unidos, cuánto aportaron a los fondos de ambos partidos, a qué organizaciones pertenecen, por quién votaron en las elecciones y hasta por quién votarán si así lo han expresado.

Traigo esto a colación porque democracia es transparencia y la seguridad de que a nadie le va a pasar nada por sus opiniones o apoyos políticos.

En la República Dominicana no estamos acostumbrados a esos niveles de transparencia pero hacia allá debemos ir si queremos que esta democracia deje de ser “tropicalizada” y sea democracia a secas.

Eso solo se logrará con una burocracia profesional, con un Poder Judicial verdaderamente independiente y con una policía profesional. Cuando hayamos logrado esto, no levantarán suspicacias casos como el de los “padroncillos” que promueve el Partido de la Liberación Dominicana.

Los “padroncillos” utilizan información que está disponible en la Junta Central Electoral como el padrón de electores, el padrón de las votaciones anteriores que se vienen haciendo desde los comicios del 2004 y las propias declaraciones de las personas contactadas. Es información disponible para todos los partidos y todos tienen centros de cómputos capaces de generar los cruces de información necesarios para producir ese tipo de información para los partidos.

Quizás lo que más asusta es que quien dirige la operación peledeísta es el secretario de Interior y Policía del Gobierno.

El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, ha sido acusado de corrupción al violar las leyes electorales y otras disposiciones de carácter federal, mientras era candidato a la Gobernación de la isla.

Ayer se presentó ante la jueza competente, se declaró inocente y le fueron impuestas medidas cautelares.

Lo de ayer fue un sistema político funcionando como manda la ley. Un ciudadano, sin importar su condición, acusado de un delito, que se presenta ante el juez para enfrentar los cargos en su contra.

A nadie se le ocurre cuestionar a la justicia, ni se le violan los derechos ciudadanos. Su situación será aclarada ante un tribunal, aunque las derivaciones políticas de la situación pueden tomar otro camino.

Todo esto contrasta con la actitud de los dominicanos ante la justicia o ante cualquier acusación promovida por la autoridad competente o un particular afectado.

Un dominicano de alcurnia social o política, lo primero que hace es cuestionar las motivaciones del acusador y restar calidad y competencia a las autoridades judiciales.

En el ínterin, se busca cuantos padrinos entiende pueden ayudarle en su causa y amenaza a los oficiales públicos actuantes. El amenazador ¿Usted sabe quién soy yo? suele ser bastante efectivo frente a policías de bajo rango o funcionarios que saben que sus empleos peligran “si se equivocan”.

Es por eso que la institucionalización de los poderes públicos es impostergable.

Al comparar a Puerto Rico con nuestro país, nos damos cuenta de por qué aquí no actuamos así.

La resolución de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral ha sido recibida como un bálsamo por todos los partidos, incluido (lo que es extraño) el partido oficial que sigue afirmando que no hizo nada pero que la acatará. ¿¿??

Esa aparente contradicción no resuelve el problema, pero si la oposición lo acepta como válido, amén.

Sin embargo, a pesar de toda la enjundia jurídica de la Resolución, sigue quedando en el aire la capacidad institucional de la Cámara Administrativa para tomar este tipo de decisiones que, por su naturaleza, más bien debían pertenecer al Pleno, en virtud de lo que disponen los acápites g) e i), de las atribuciones del Pleno, que se refieren al cumplimiento de la Constitución y las leyes y el financiamiento de los partidos políticos.

Pero lo más preocupante de la Resolución es que condena de oídas. La Cámara no muestra un cheque, ninguna declaración de testigo, ni otro elemento de prueba que no sean los reportajes de televisión y recortes de periódicos, así como la denuncia de uno de los partidos.

Al acusado, en este caso, al partido de gobierno, no se le permitió defenderse. Cuando los delegados del partido llegaron a la Junta, ya la Resolución estaba emitida. Por tanto, se afectó su derecho de defensa.

La Resolución, sin embargo, puede servir para bajar las aguas, aunque debe quedar la constancia de que en el país seguimos resolviendo problemas poniendo a un lado la ley cuando nos conviene, en este eterno borrón y cuenta nueva que nos ha caracterizado. Mientras, ¡que siga la pepa!

Si algún triunfo ha logrado la política en este país ha sido destruir la escuela pública y con ella el propósito de crear una nación que compartiera similares valores patrióticos, culturales y de unidad nacional.

Recuerdo cuando a la escuela pública asistíamos juntos pobres y ricos, en un hermoso proceso que era el pilar sobre el cual se basaba la sociedad dominicana. Algunos de mis mejores amigos, los que recuerdo con más sentimiento de afecto y orgullo, formaban parte de aquellos que por la modestia en el vestir se notaba que pertenecían a un grupo social diferente. Pero éramos amigos, jugábamos juntos y recibíamos instrucción de los mismos maestros.

Todo eso terminó cuando la política se adueñó de la escuela pública y los que podían un poco más se fueron a colegios privados, preservando así su derecho a graduarse a tiempo y seguir a la universidad o entrar al mercado de trabajo.

¿Alguien se ha puesto a calcular cuánto le representa a un joven uno o dos años de atraso en su educación? ¿Alguien ha calculado las ilusiones que se quedaron en el camino porque se las llevó la vida o simplemente porque las condiciones cambiaron?

Eso nos está pasando ahora de nuevo cuando la política parece enseñorearse sobre todos los intereses de la Nación y no existe quien enfrente el panorama desolador al que nos enfrentamos con bachilleres casi analfabetos y  profesionales universitarios que no están ni medianamente al día del nivel de conocimiento actual.

Sin educación de calidad que nadie me venga a hablar de Patria y desarrollo.

La reelección como recurso político para que un buen gobernante se mantenga en el poder, no es mala. De hecho, la humanidad estuvo a través de miles de años sostenida por gobernantes vitalicios, como es el caso de los reyes, o permanentes.

La alternabilidad en el poder es un hecho reciente y su regulación, un hecho más reciente aún. En Estados Unidos, que es el modelo de gobierno presidencial, hace apenas 60 años que fue reglamentada.

La reelección es mala cuando los instrumentos diseñados para que los gobiernos funcionen de acuerdo con las leyes, no se cumplen, y el gobernante que aspira a reelegirse usa todos los recursos de su posición para lograrlo.

Sin embargo, ni siquiera este hecho es garantía de triunfo, como sabemos por el pasado reciente. Para reelegirse, un gobernante necesita demostrarle al país que ha gobernado bien y que resultaría más provechoso a la nación conservarlo en el poder que desalojarlo del Palacio Nacional.

A nadie se le ocurre, por ejemplo, criticar la reelección de Rodríguez Zapatero en España, país en el cual el responsable de las elecciones es un ministro del Gobierno. Pero tampoco hubo escándalos de uso de los recursos del Estado para ganarlo.

En conclusión, una reelección hecha como manda la ley no es mala en sí misma. Si los electores consideran que se debe seguir con el mismo gobernante, es su decisión. Ahora, cuando esa decisión ha sido “comprada” con recursos ilegítimos, ese gobernante carecerá de la legitimidad necesaria para el buen gobierno. Ese es el dilema.

La cumbre de partidos de oposición que ha convocado el Partido Reformista Social Cristiano es una jugada inteligente, pero peligrosa.

Todo el mundo sospecha que la cumbre no tiene otro propósito que amenazar con una abstención electoral de los principales partidos de oposición, lo cual quitaría toda legitimidad al gobierno que surgiera de los comicios. Sería como un volver a las elecciones de 1970 y 1974, con todo lo que representaron para la democracia dominicana.

Es inteligente decía, porque pone contra la pared al partido de gobierno que parece insaciable en su afán de avasallar a todo lo que se le pare al frente y lo enfrenta a la realidad de que si quiere elecciones que sean reconocidas como legítimas por la comunidad nacional e internacional, tiene que jugar con reglas claras.

Es peligrosa, porque la convocatoria podría fragmentar al grupo opositor en dos: los que acojan una decisión de no participar y los que decidan seguir pescando, ahora con señuelos más gruesos para pesca mayor, en el río revuelto de la competencia política.

Al mismo tiempo, habría que evaluar qué impacto tendría una decisión tan peligrosa sobre el destino electoral de los partidos que tienen representación congresual.

Pero la idea de un boicot no sólo obligaría al Partido de la Liberación Dominicana a volver a la legalidad, sino que serviría también para frenar cualquier intento de modificar la Constitución para extender la permanencia en el poder del presidente Fernández, entre otras consecuencias.

Esta jugada podría cambiar el juego político.

se necesitaba alguna prueba sobre la famosa nominilla “CB”, por “Comité de Base”, que todos conocemos, la acaba de aportar el militante peledeístas Pedro P. Yermenos Forastieri en un artículo publicado en El Nacional.

Allí, Yermenos describe cómo se presentó un alto funcionario del Gobierno, cuyo nombre no menciona, pero que será conocido de mucha gente por el ambiente en que ocurrió lo narrado, y quien se expresó en estos términos, según recuerda el dirigente morado: “He venido a confirmar, con este listado, cuáles miembros del Comité no están en la nómina de instituciones públicas, e informarles que a partir del próximo día 30 pasarán por la oficina que se les asignará, a retirar un cheque como incentivo por ser miembros de nuestra organización”.

Como dicen los abogados: A confesión de parte, relevo de prueba.

Esto es por si no bastaba la evidencia aportada por Nuria y las declaraciones de funcionarios aceptando los irregulares pagos.

El problema es cómo acabar con eso si aquí se ha fomentado la pobreza para mantener a la gente apegada a la dádiva, a la fundita o a la cajita, o al chequecito. Es un mal de raíces hondas, que viene de lejos.

Bonó escribía en los años de 1880: “Tal azul de hoy, por ejemplo, a quien quiten el empleo o pensión de que goza, mañana será rojo, y tal rojo de ayer, a quien den dicho empleo o pensión, en seguida será azul” (”Opiniones de un Dominicano”, 13 de enero de 1884).

Una política manejada a base de dinero no nos permitirá salir del hoyo.

El Colegio Médico Dominicano afirma que quiere negociar un aumento que casi cuadruplica el salario actual de los galenos, pero no acepta discutir otras condiciones justificativas del aumento.

Por tanto, no quiere una discusión sino un aumento de sueldo sin estar basado en laboriosidad, desempeño, calidad de servicio, años de antigüedad y otros aspectos que son inherentes a un incremento salarial.

Yo creo que a los médicos hay que aumentarles el salario, al igual que a los maestros, los policías, las enfermeras y una larga lista de servidores públicos, pero todo aumento, a menos que sea un aumento general de salarios y éste no lo es, debe hacerse en base a criterios objetivos.

Si los médicos quieren aumento tienen que aceptar que se ponga sobre la mesa también el pliego de condiciones para el aumento. Ese pliego debe incluir, entre otros requisitos, tiempo y calidad del servicio, respeto del horario, formación y rendimiento del galeno.

La discusión de estos temas crearía las condiciones para mejorar sustancialmente el servicio de salud, que debe ser el objetivo deseado.

Particularmente creo que hay médicos que rinden servicios tan notables que debe pagárseles más de lo que aspira en su comunismo salarial, el CMD, pero asimismo, existen otros que no merecen ni el salario que ganan ahora.

Por tanto, antes que querer hablar con el Presidente, como un niño malcriado que sólo acepta hablar con el papá, el Colegio Médico debe establecer, junto con las autoridades de salud, los parámetros para elevar la atención de salud que justifiquen el salario médico.

Los que todavía dudan del impacto de la falta de educación en una sociedad, deben preguntarse a qué se debe la mala conducta de los choferes en las calles, el terrible comportamiento de tantas personas en nuestra sociedad y la mala nota en valores morales que sacamos en casi todos los aspectos de la vida.

También debería preguntarse cuál es el impacto de la falta de conocimientos en el personal que trabaja en las casas, los obreros no calificados y cuantas personas apenas han sido alfabetizados para incluirlos en el número de los que saben leer y escribir, pero más nada.

Finalmente, deberían averiguar cuánto le cuesta la ignorancia a un país que busca competir en los mercados internacionales elaborando productos de calidad mundial o recibiendo turistas que exigen servicio a la altura de otros países de nuestra misma área.

Por eso resulta tan bajo pretender justificar el gasto innecesario en otras “prioridades”, del dinero que debiera estarse invirtiendo en educación.

Niñas mejor educadas se embarazarían más tarde. Jóvenes mejor preparados tendrían una visión distinta de la vida. En fin, una sociedad más preparada sería una sociedad más consciente de sus retos y posibilidades.

Una sociedad más consciente no nos libra de una dictadura, pero haría más difícil el trabajo de los que pretenden eternizarse en el poder y más vital las energías ciudadanas para oponerse a los abusos.

En una población con las características de la nuestra, la única forma de invertir menos en la educación del futuro es invirtiendo más ahora. Por eso es impostergable.

Toda sociedad que se precie de democrática necesita medios de comunicación incisivos, que descubran lo podrido en las relaciones sociales, en los procedimientos administrativos y que al lanzarlos a la luz pública, desenmascaren conductas que deben ser reguladas y situaciones que requieren ser corregidas. Esa es la función esencial de los medios.

Esta función siempre trae situaciones desagradables  para los medios y para quienes laboran en ellos. Nadie desea ser descubierto, pero ese es el deber y todo el que tiene verdadera vocación periodística lo hace y se siente realizado al cubrir una llaga social.

Pero lo incisivo no debe degenerar en lo insidioso. La capacidad y la vocación de hurgar, de llegar hasta el fondo de los asuntos, no debe ser una patente de corso para difamar, para extrapolar de situaciones perfectamente explicables, nociones de dudosa castidad y así sembrar la duda sobre personas y grupos, cuando la duda debiera radicar sobre los datos o las intenciones del o de los denunciantes.

La libertad de expresión es uno de los llamados “derechos sombrilla”, porque “cubren”, protegen a todos los demás. Por la libertad de informar se conocen los delitos de las autoridades y de los particulares, se pueden expresar todo tipo de opiniones y se logra influir en los gobernantes para la aprobación de nuevas políticas en las administraciones estatales.

Este es un derecho que pertenece a la comunidad y a los informadores, pero la tendencia de todos los gobiernos y grupos de interés es a limitar o manipular ese derecho. De todos depende que eso no ocurra.