La Academia Dominicana de la Historia y el Archivo General de la Nación (AGN), invitan al acto de puesta en circulación de la obra “Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana, 1879-1894″, tomos I y II, del historiador Raymundo González de Peña, que será presentada por el doctor José Antinoe Fiallo Billini.

Fecha       :    jueves 10 de enero 2008

Hora        :     8:00 de la noche (p.m.)

Lugar       :     Academia Dom. de la Historia, Calle Mercedes No. 204, Zona Colonial

En el esquema desarrollado por Montesquieu, la función judicial formaba parte del poder ejecutivo y no constituía un poder aparte. Por demás, siempre ha existido mucho temor de entregar a personas que son elegidas por el voto popular o que no forman parte de la aristocracia, la facultad de adjudicar la razón jurídica.

Por eso, en Francia se limitó a los jueces con varias disposiciones del Código Civil y si en Inglaterra se desarrollaron los tribunales fue solamente como una protección de los nobles contra el poder del rey.

En verdad, sólo con el desarrollo democrático de las sociedades la función judicial adquiere toda su independencia y esplendor.

¿Cómo se llega a esa independencia y esplendor? El magistrado Jorge Subero Isa lo expresaba el lunes con gran poder de persuasión: “La verdadera fuerza del Poder Judicial se encuentra en la fuerza moral de los jueces”.

Esa fuerza moral es lo que permite al juez sustraerse a las presiones de funcionarios y amigos, de abogados embarrados de las mieles del poder que se atreven a violar el sagrado recinto del tribunal para burlarse de la Justicia.

Esa fuerza moral la da el estudio, la concentración en los hechos para no juzgar “por la vocinglería y la presión de las graderías”, y el apego al ideal de justicia.

No se ha juzgado en toda su importancia el hecho de que el juez tiene que ser una persona de valor personal. El pusilánime no puede ser juez, ni el vendido, ni el ambicioso ni el indiscreto.

Nuestros actuales jueces están construyendo el Poder Judicial de nuestro país. Ojalá lo sepan y se comporten a la altura de su deber.

La nota que llega desde San Critóbal, no sorprende pero es preocupante. Los ediles del ayuntamiento del municipio han hecho las modificaciones de lugar al presupuesto municipal, para recibir $154,905.00 pesos mensuales , en lugar de los 104,215.00 pesos que recibían hasta ahora.

De acuerdo a la Ley de Organización Municipal, los regidores ocupan posiciones “honoríficas” y a lo que tienen derecho es a una dieta por sesiones.

Este salario, violatorio de la ley, representará al ayuntamiento una carga superior a los dos millones de pesos anuales por regidor. Como son 16 los regidores, los “honoríficos” regidores del cabildo de San Cristóbal le costarán más de 30 millones de pesos al año a los munícipes, dinero que bien puede resolver varias necesidades urgentes de esa comunidad.

Y lo que es peor, ese ejemplo puede regarse como pólvora entre los “sacrificados” ediles de otras corporaciones municipales, en una carrera alcista de “dietas” que no sabemos adónde nos puede llevar.Ya se olvidaron los tiempos en que los regidores formaban parte de una élite de la ciudad que consideraba un honor formar parte de la corporación municipal. Ahora, ser regidor puede ser tan rentable como poner un negocio de vender bebidas alcohólicas en las fiestas patronales. Todo ello, sin tomar en cuesta los “peajes” para aprobar proyectos, las zonas verdes que dejan de serlo y la enorme oportunidad de hacer negocio y de designar a familiares y amigos en puestos públicos.

Solo los verdaderos munícipes de San Cristóbal pueden detener esta violación a la ley, acudiendo a los tribunales para impedir que se materialice. Es el bienestar de su comunidad el que está en juego.