Hace un tiempo di a conocer mi tesis de los 25,000 días y ayer se la expliqué a un amigo que me pidió que la publicara de nuevo. Aquí va.

Los hombres vivimos 25,000 días sobre la Tierra. Ese es el resultado de multiplicar 70 años por los 365 días que tiene. Eso suma 25,567 días, incluyendo los años bisiestos. Lo he redondeado para hacer más fácil el argumento.
Cuando se ven en números, es evidente que son pocos. Yo he vivido ya más de 20,000. Por tanto, es obvio que no se pueden desperdiciar los días como solemos hacer tan fácilmente.
Mi tesis se reduce a este postulado: usted le puede regalar un día a cualquiera que lo necesite, pero no puede permitir que nadie le dañe uno de esos días.
Hay tanta gente en el mundo que sale a la calle a dañarle el día a los demás. Evítelos, y si no puede, evite que le dañen el día. Trate de salvar su día como si se le fuera la vida, que es lo que ocurre literalmente.

Así como hay que vivir cada minuto, hay que saber vivir cada día del año. El presidente de la Organización Gallup, nos da este consejo: aproveche sus cualidades y olvídese de lo que le da trabajo. Nos pasamos la vida tratando de arreglar cosas que no hacemos bien, desde una carrera que no nos gusta, hasta una relación destructiva, que son particularmente perjudiciales porque nos concentran en la parte nociva del ser humano.

Por eso, puede regalar días a causas nobles, a quienes lo necesiten, pero no permita que le dañen uno solo de sus días, porque cuando llegue el último, no hay ñapa

La sociedad dominicana debe vigilar muy bien el comportamiento del Ministerio Público, particularmente en estos momentos en que tiene el monopolio de la acción pública.

Aparentemente, luego de que se recibe un expediente de la Policía y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se produce un cortocircuito que paraliza las investigaciones.

La Policía y la DNCD no están facultadas para continuarla y luego que termina la fase de la coerción, tampoco se hace gran cosa. Se puede decir que los casos llegan a juicio en el estado en que se encontraban al momento de dictarse las medidas de coerción.

Esto no es lo que previó el vilipendiado Código Procesal Penal, sino que el tiempo de la medida de coerción se dedicara a ampliar las investigaciones, con el auxilio de los que saben investigar en este país que están en la Policía y en la DNCD. No hacerlo es darle carta blanca a los delincuentes para que jueguen con la justicia.

Además, hay indicios muy serios que comprometen la integridad de algunos miembros del Ministerio Público y hasta ahora no se ha acusado a ninguno ante los tribunales.

Se sabe de una grabación en que se observa a un fiscal colocándose dinero de un allanamiento en su chaleco y si se investiga profundamente en casos que todavía están en la palestra, se apreciarán motivos suficientes para iniciarle juicio a unos cuantos.

Hay que salvar al Ministerio Público. Las inconductas y la haraganería no pueden ser pasadas por alto y mucho menos premiadas.

“La ausencia de planes de mediano y largo plazo en el accionar del sector público ha dado lugar, desde el inicio mismo de la República, a la adopción de medidas y políticas que se destacan por su carácter improvisado, en detrimento del bienestar colectivo, ya que la asignación de recursos de erario se realiza sin una carta de ruta concertada con la sociedad que defina claramente los objetivos nacionales, en un orden de prioridades, así como los medios de ejecución, y los correspondientes mecanismos de control y rendición de cuenta.

Hablo de una carta de ruta concertada con todos los sectores de la sociedad dominicana. Hablo de la necesidad de una visión de país. Somos conscientes de que contar con una visión de país es un prerrequisito para el desarrollo y que la viabilidad de la estrategia de desarrollo aumenta en proporción a la participación y compromiso del mayor número de actores políticos, económicos y sociales. Cuando la visión de país es compartida por sus principales actores, se convierte en un valor nacional fundamental.

La inexistencia de esa visión ha afectado seriamente las posibilidades de adoptar políticas de Estado, es decir, lineamientos estratégicos cuyo compromiso y prioridad trasciendan el cortoplacismo de una administración de gobierno. Más aún, frecuentemente nos encontramos en situaciones en que no es posible medir la eficacia de las políticas, ni asegurar su predictibilidad y coherencia, todas ellas características esenciales de las buenas políticas públicas”.

Eso lo dijo Temístocles Montas y debiéramos ponerle atención.

Roque Antonio Adames Rodríguez fue un observador agudo y un actor principal de la época que le tocó vivir.

Regresó ordenado sacerdote en plena Era de Trujillo y fue vigilado desde el primer momento. Un hombre de su formación y de sus ideas no podía ser dejado a su libre albedrío.

Desde el periódico Fides dirigió un cambio de opinión de la feligresía católica y fue protagonista de la pastoral de la iglesia contra Trujillo. Ese secreto se lo lleva a la tumba.

Al ser designado segundo obispo de Santiago, convirtió su labor pastoral en un monumento a la participación de los fieles. Con él en el solio episcopal, la iglesia se abrió a la grey como nunca antes.

Compartió sus obligaciones pastorales con la rectoría de la Universidad Católica Madre y Maestra, sin dejar de ser profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Todos reconocían que era el obispo más preparado de la arquidiócesis dominicana y el más iluminado por ideas nuevas que ayudaron a renovar a la iglesia latinoamericana.

Sus naturales debilidades humanas no manchan una vida dedicada al conocimiento, a la religiosidad y a la promoción del legado de Cristo.

Hoy que se ha ido, queda el recuerdo de su obra, de su amor por el campesino criollo, por su iglesia.

Le correspondió ser obispo en tiempos en que la iglesia quería renovarse y nadie trabajó tanto como él para que el Evangelio tuviese sentido para tanta gente. Descanse en paz.

La práctica de reservar candidaturas no es mala en sí misma y es una práctica habitual en los sistemas políticos, pero cuando esta decisión afecta un considerable número de candidaturas, entonces la cosa toma otro cariz.

En los sistemas parlamentarios, por ejemplo, la candidatura del líder del partido se reserva en un lugar donde vaya a ganar seguro, para garantizar su presencia en el parlamento. Lo mismo podría decirse que sería razonable con partidos pequeños, por idéntica razón.

Pero cuando en un partido mayoritario se reservan tantas candidaturas vitales, lo que busca es suplantar el deseo de las bases por la voluntad o el dedo del líder.

No se puede justificar la decisión en el voto de un organismo partidario, porque la trampa está ahí: ¿quiénes será los posibles beneficiarios de esas candidaturas? Muy probablemente, la elite partidaria que controla esos organismos. Es decir, son jueces y partes.

Lo razonable sería que todas las candidaturas, excepto unas pocas, se sometan al escrutinio de las bases del partido, que son las que, al fin y al cabo, van a votar, pero -y esa es la perversidad del arreglo- las elites saben que las bases votarán por ellos embelesadas por la promesa de las ventajas económicas que podrían otorgar desde una posición de gobierno.

O sea, que las candidaturas reservadas no son más de que un afianzamiento de la cultura paternalista que impregna la política dominicana y, de paso, el control del líder sobre el partido.

En una sociedad tan permeada por el narcotráfico y por la violación a la ley, la posibilidad de que algún o algunos candidatos a cargos electivos estén ligados de alguna manera al narcotráfico, es muy alta.

Ya se ha probado la penetración del narcotráfico en nuestras instituciones armadas y es sospechosa la facilidad con que los narcos lograr salir en libertad luego de acusados, momento en que pueden destruir pruebas y amedrentar o comprar testigos. Que estén también en el legislativo no es raro cuando hemos tenido ejemplares en ese poder que han calificado para que se les aplique la mitad del Código Penal.

El problema no es solo que haya candidatos “narcos”, sino que el narco financie las campañas e influya de alguna manera en la selección de los candidatos y en su elección posterior.

Y es que los partidos no sirven como cedazos para seleccionar a los mejores candidatos y el costo de las campañas es una enorme tentación para recibir dinero de cualquier fuente que luego de elegidos “pasará el recibo”.

Y el sistema tampoco sirve, porque luego de investidos de inmunidad, los legisladores casi están por encima del bien y del mal y los organismos encargados de la ética y de la prevención del delito son tardos e ineficientes.

Lo ideal sería que el sistema político pudiese evolucionar hacia la presentación de objeciones a los candidatos y que la opinión pública sea tan firme en su control ético que los partidos no tengan más remedio que eliminar al candidato… Pero falta mucho para eso.

Que la nueva Constitución es mejor que la anterior de 1966 modificada, nadie lo pone en duda. Que pudo haber quedado mejor, tampoco nadie lo duda.

Pero las Constituciones, al igual que la ropa y muchos platos raros, puede acabar gustando con el tiempo, porque la mejor Constitución no es aquella que recoge los últimos adelantos del derecho constitucional o de los catálogos de derechos, sino la que mejor se adapta al estado de evolución de una sociedad.

Por ejemplo: mucha gente quería eliminar funciones del Poder Ejecutivo y hacerlo menos poderoso, pero todas las encuestas de desarrollo político que se han hecho en el país señalan que la gente quiere un Poder Ejecutivo fuerte, que pueda ser “un buen padre de familia” para con la sociedad y dado el estado actual de la sociedad dominicana, un gobierno de asamblea conduciría al caos, al igual que un gobierno de jueces.

Parafraseando a Mark Twain, las noticias sobre la Constitución son exageradas.

Claro que pudo haber quedado mejor, pero todavía es muy temprano para decir cuán buena o mala es. El devenir de su aplicación y cómo es capaz de resolver los conflictos nos dará una mejor medida de su verdadero valor. “La vida es más sabia que el legislador”, decía Josserand y la experiencia le ha dado la razón.

Démosle un chance a esta Constitución, a sus avances y observemos cómo se arregla la carga en el camino. La del 1966 le sirvió a Balaguer y a Guzmán y sólo cuando no pudo resolver una crisis política, se cambió

El tema de los secuestros no es privativo de la República Dominicana. Cuando se revisa la prensa internacional nos damos cuenta inmediatamente que es un fenómeno casi de carácter universal.

Ayer, por ejemplo, los principales diarios de Paraguay traían no sólo la noticia del secuestro de un importante ganadero, sino que se encontró una especie de manual del secuestrador, en el cual el cabecilla de la operación ofrece instrucciones minuciosas sobre la operación.

Dice el diario ABC Color: “en el material ya les recomienda poner una bomba “cazabobos” en el vehículo. El autor previó hasta los últimos detalles e inclusive brinda varias opciones para el acercamiento a la víctima, la captura, la retirada, el resguardo y las negociaciones, inclusive en una parte agrega un anexo con recomendaciones para la falsificación de documentos, etc.”

¿Cuál sería la explicación de que este fenómeno delictivo se esté dando en tantos países?

Se nos ocurren dos intentos de explicación que están conectadas. La primera proviene del entrenamiento que han recibido nacionales de nuestros países en guerrilla urbana y la segunda, más peligrosa todavía, la presencia de células de movimientos guerrilleros, que se trasladan a los países para realizar estas actividades que crean una zozobra generalizada y paralizan las inversiones.

Por tanto, los secuestros pasarían de ser un delito local grave, a una conspiración internacional de consecuencias imprevisibles.

El quórum es la cantidad mínima requerida para que una organización pueda sesionar válidamente. Aunque el número puede ser fijado arbitrariamente, generalmente se requiere más de la mitad o la mitad más uno de los componentes. Ambos números no son iguales.

Se prefiere el término “más de la mitad”, porque cuando el número de integrantes es nones, la fórmula “la mitad más uno” aumenta el quórum.

Veamos estos ejemplos: Si la matrícula de un comité, por ejemplo fuese tres, “más de la mitad” son dos (la mitad de tres es uno y medio. Por tanto, dos es más de la mitad). Si se requiere “la mitad más uno”, el quórum es tres, porque dos no constituye la mitad (uno y medio) más uno.

Del mismo modo, si fueran cinco, en un caso es tres y en el otro cuatro; si fueran siete, serían 4 y 5, respectivamente.

Como se aprecia, la diferencia es sustancial porque se trata de un voto más que en organismos divididos puede representar que se reúna o no.

Lo mismo ocurre con las mayorías agravadas y la unanimidad. Cuando se requiere un voto unánime, por ejemplo, la mayoría queda a merced del disidente que si se niega a votar con la mayoría es imposible lograr el acuerdo.

Asimismo, cuando en el Congreso se exige una mayoría agravada, dos tercios o tres cuartos, la bancada que tenga ese número tranca el juego.

Traigo esto a colación porque a veces somos muy alegres con los números, que tienen sus trucos y, en política, eso significa poder.

Una de las críticas con más peso que se le hacen a nuestros partidos políticos es que no son democráticos, que practican la autocracia interna como si fuera un deporte.

En estos días se han presentado dos situaciones que vale la pena comentar, pues denotan que institucionalmente nuestros partidos siguen apegados a valores autoritarios.

El primer caso tiene que ver con la prohibición de participar como candidatos en primarias internas a varios miembros del Partido de la Liberación Dominicana.

El caso típico es el del senador Williams que buscaba correr de nuevo por la candidatura senatorial por San Pedro de Macorís.

El senador Williams es un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. El partido puede expulsarlo de sus filas por mala conducta o cualquier otra falta grave, pero no puede, en buena ley, impedirle que ejerza su derecho constitucional a elegir y ser elegido, sin incurrir en una violación a la Ley Sustantiva.

El segundo caso tiene que ver con la impugnación hecha por varios miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a su convención, por ante la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral.

Los documentos presentados en las instancias de impugnación demuestran que las primarias fueron impugnadas a tiempo ante los organismos internos del PRD, pero alguien puso a mentir al Secretario General, que certificó que no existían tales impugnaciones.

Así no se hace un partido nuevo. Vale la nota para ambos